San Juan, 26 de noviembre.- El proyecto impulsado por la legisladora porteña María Rachid que propone "la creación de un subsidio mensual para personas trans mayores de 40años" cuyo monto rondaría los $8.000, ya levantó polvareda en todo el país. Desde San Juan, la comunidad elogió la propuesta y pidió que se extienda en todo el territorio nacional.
“Es un proyecto muy valioso, sabíamos que la edad iba a generar polémica. Pero nuestra comunidad tiene un promedio de vida de 35 años por las cirugías clandestinas que nos hacemos, pero aún no estamos integradas al sistema de salud”, explicó Verónica Araya, coordinadora local de la asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina.
“Nuestro propósito es hacerlo a nivel nacional, las travestis no existen sólo en la General Paz”, concluyó la mujer.
El proyecto
El texto presentado indica que "están comprendidas las personas trans con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con más de 40 años y "hayan realizado su cambio registral conforme la Ley Nacional Nº 26.743 y su decreto reglamentario".
En la iniciativa se establece que "el monto del subsidio es de mil doscientas (1200) unidades fijas mensuales y el goce del mismo es compatible con otros ingresos que no superen las tres mil quinientas (3500) unidades fijas mensuales".
Como el valor de la unidad fija (se usa para calcular el monto de las sanciones) es actualmente de $6,40, el subsidio que recibirían las personas trans sería exactamente de $7.680. Y en base a lo que indica la reglamentación, estarían habilitados a cobrarlo incluso quienes tengan un ingreso aparte que no supere los $22.400.
Para fundamentar su propuesta, Rachid recuerda que "la población trans padece en nuestra sociedad historias de constante menoscabo de derechos de raigambre constitucional, que lleva a las personas a una verdadera «muerte civil» sin el más básico respeto por sus derechos".
"Entre los derechos constitucionales vulnerados podemos enumerar: a la igualdad y no discriminación; a la dignidad personal; al trabajo; a la seguridad física; a la seguridad social; a la privacidad; a la salud integral; a una adecuada calidad de vida; a la garantía de acceso a la educación; a una adecuada calidad de vida, entre otros", se enumera en el texto de la propuesta.