La Corte de Justicia anuló el fallo que el pasado 5 de abril condenó a C. A. B. (técnico electricista, 45 años) a 16 años de reclusión por violar y corromper a una de sus hijas y abusar (sin acceder) y corromper a otra, y lo liberó en el acto el último martes. El máximo tribunal local entendió que el hombre jamás debió ser investigado, juzgado y condenado en San Juan pues los supuestos delitos que le atribuían ocurrieron en San Luis, es decir en una jurisdicción extraña en la que no debía intervenir la Justicia provincial.
Por eso, los ministros Carlos Eduardo Balaguer, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal, aplicaron un ‘apercibimiento’ y un ‘llamado de atención’ (sanción leve) a cuatro jueces y dos fiscales que participaron en el polémico proceso, un hecho inédito por la cantidad de funcionarios judiciales sancionados, dijeron fuentes judiciales.
A saber: la juez de Instrucción María Inés Rosselot, el fiscal de Instrucción Daniel Guillén Alonso (actuaron en la investigación). La fiscal Alicia Esquivel Puiggrós y los jueces Ernesto Kerman, Juan Carlos Peluc Noguera y José Atenágoras Vega (los 2 últimos parte del directorio del Colegio de Magistrados) que participaron en el juicio con condena para ese sospechoso.
La Corte analizó el caso tras el reclamo de la defensora oficial del electricista, Mónica Sefair, quien, según las fuentes, pudo plantear el problema de la incompetencia del tribunal como cuestión preliminar al momento de empezar el juicio pero no lo hizo.
La crítica más dura de los ministros apuntó al tribunal: ‘La consagración de los atropellos al debido proceso y a la regla de la competencia territorial se produce con el dictado de la sentencia. Es que el fallo de una manera puramente dogmática y sin prueba legítima alguna que lo avale, llega a sostener que las conductas (de abuso, corrupción, tocamientos y acceso carnal) acontecidas en San Luis, fueron el punto inicial del iter criminis, el cual se mantuvo y prolongó inclusive durante el tiempo en que volvieron a vivir en San Juan’, dice el juez Carlos Eduardo Balaguer en su voto.
Y agrega: ‘ese aditamento de cargos resulta totalmente infundado, groseramente arbitrario y penosamente ilegítimo (con la única finalidad de justificar una indebida competencia), puesto que se excede de las conductas denunciadas, por las que fuera indagado B. y consignado en el procesamiento y requerimiento de elevación a juicio’.
Todo comenzó con la denuncia en la Justicia local de la madre de las niñas el 10 de mayo de 2010. Entonces se supo que vivía en 25 de Mayo, que estaba separada del sospechoso y que lo denunciaba por haber abusado de sus hijas (hoy de 18 y 16 años), en San Luis, donde se las había llevado 6 años atrás junto a otro hermano con la excusa de que pasaran allí unas vacaciones.
A su regreso, según la denuncia, una de las niñas le dijo que empezó a ser manoseada desde los 9 años y que luego empezó ser violada día por medio hasta que tuvo 15. También refirió haber sido obligada a ver pornografía. La otra niña reveló abusos que no llegaron a la violación.
Sin embargo al momento del juicio, la propia denunciante y sus hijas desistieron de acusar al supuesto abusador y se pusieron de su parte, situación que el tribunal no atendió en base al informe de cinco psicólogos y otras pruebas, dijeron fuentes judiciales.
¿Qué pasará ahora? El expediente con la denuncia del caso pasará a la Justicia de San Luis, lo que implica que el electricista no deja estar implicado, aunque a través de un abogado puede intentar evitar ese proceso por el principio del ‘non bis in idem’, es decir que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.
Podría pedir también un resarcimiento económico al Estado por el tiempo que pasó detenido y eventualmente encarar alguna acción judicial contra los funcionarios que actuaron en su caso, estimaron.