El municipio de Ullum quiere poner en orden una actividad que prolifera en el departamento pero que a las arcas del departamento no le deja por ahora un peso: las ripieras. Para ello, se va a valer de una ordenanza sancionada en el año 2003 que jamás se aplicó y en donde obliga a estas empresas a pagar 10 pesos por tonelada de mineral extraído. Es caro si se lo compara, por ejemplo, con Chimbas, que posee varias canteras de ripio y cobra una tasa fija anual que desde el 2007 es de 1.200 pesos (ver aparte).

En el municipio de Ullum dicen que existen 5 ripieras en su comuna, aunque fuentes del sector explicaron que ‘entre grandes y chicas’ llegan a 6. “La decisión la tomamos porque estamos cansados de que vayan y vengan camiones cargados y nosotros como municipio no recibamos nada de plata por esta actividad. Hemos visto las alternativas que habían para aplicar y decidimos reflotar esta ordenanza que estaba congelada”, explicó ayer el intendente Daniel Albarracín.

La normativa a la que hace mención el jefe comunal es la 127/2003, sancionada por el Concejo Deliberante durante la gestión de Alfredo Ortíz. Por el volumen de mineral que se mueve en Ullum, la estimación oficial apunta a embolsar unos 35.000 pesos mensuales. La ordenanza no discrimina entre ripio, piedra bola, grancilla o arena, es uniforme el valor y lo globaliza por tonelada de material.

La asesora legal del municipio, Yanina Olmos, explicó que, de no mediar contratiempos, la medida tendrá aplicación efectiva la semana que viene. ¿Cómo será? Según explicaron, pondrán un inspector municipal junto a un policía sobre la ruta 60 para controlar la cantidad de camiones que salen con mineral. Esa será la información con la que se valdrán para facturarle a las empresas. Ayer por la mañana este diario tomó contacto con el responsable de la planta de áridos de una de las firmas -la más grande y conocida-, que por lo bajo se escudó en que gozan de una autorización de Minería, aunque dijeron que de aplicarse la ordenanza acompañarán con el pago, y agregó que les llamaba la atención porque ‘hay buena sintonía con las autoridades’. En estos días las empresas serán convocadas al edificio municipal para que conozcan de primera mano los alcances de la ordenanza que empezará a aplicar el Ejecutivo departamental.

Albarracín, que vive una semana agitada tras ser ‘visitado’ en el palacio municipal anteayer por el diputado Leopoldo Soler que, megáfono en mano, le reclamó la renuncia, se sinceró y dijo ‘a nosotros todo ingreso extra nos sirve y mucho. Es plata que nos permitirá seguramente hacer obras necesarias para la gente’.

En un principio, el fin de esta normativa apuntó a que el dinero sirva, al menos en parte, para remediar ambientalmente las zonas donde trabajan las empresas que extraen el mineral, como por ejemplo hace el municipio chimbero.