Un exjefe del Instituto Penal de Chimbas, Nicolás Manrique, quedó a un paso de ir a juicio oral y público acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad durante su paso por la Policía de San Juan, tales como torturas y violaciones a detenidos en forma ilegal. El caso, que se conoce como la causa Nívoli, también tiene en la mira a otros exintegrantes de la Policía de San Juan, como Cruz Alejandro Olmos, Darvin Vianor Mejías y Oscar Emidgio Amidey, imputados por faltas similares. Todos estuvieron al mando del extitular de la Fuerza, Enrique Graci Susini, quien llegó a estar detenido, pero después le dictaron la falta de mérito.
En la época de los hechos, Manrique era oficial principal de Infantería, pero luego llegó a ser funcionario de dos gobiernos democráticos. Estuvo al mando de la cárcel en 1993, durante la administración justicialista de Juan Carlos Rojas, por un período de 1 año y 9 meses. Su gestión es recordada como la única en la que no se escapó ningún preso. Volvería a ser convocado para conducir el Penal en diciembre de 1999, fecha en la que fue designado por el gobernador aliancista Alfredo Avelín.
En el caso de Mejías, fue comisario inspector y jefe del Departamento de Inteligencia D-2; Amidey fue un exoficial auxiliar del D-2, y en el caso de Olmos estuvo al frente del Departamento de Operaciones Policiales D-3. Y están acusados de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, violación y asociación ilícita, todos con duras penas de prisión.
Las víctimas son 12. Se trata de Eusebio Tejada, Marcelo Raúl Victorino Nívoli, Isabel Emil Mc Donald de Nívoli, Jorge Antonio Capella, Eloísa Beatriz Paris, Roque Adalberto Páez, José Francisco Mut, Adalberto Esteban Conca, Eugenio Ramón Ochoa, Norman Alan Greiner, Diana Kurban y Jorge Luis Marambio.
Antes de dejar su cargo como fiscal federal subrogante, Katia Troncoso, junto a los fiscales Francisco Maldonado y Dante Vega, dejó firmado el planteo, que debe ser resuelto por el juez federal Leopoldo Rago Gallo. Pero antes, deben cumplirse distintos pasos procesales, como por ejemplo se debe dar intervención a las querellas, que son las que impulsan las denuncias, y notificar a los abogados defensores de los acusados, que pueden llevar adelante distintos pedidos. Una vez resueltas estas cuestiones, recién el magistrado estará en condiciones de elevar la causa a juicio. No obstante, la estrategia en el Tribunal Oral Federal (TOF) es acumular otras 3 causas, en las que hay, al menos, 100 víctimas y 20 desaparecidos en San Juan, para realizar un gran debate, similar al que concluyó el 4 de julio del 2013. Pero se estima que eso ocurrirá recién el año que viene.
En esa causa está bajo la lupa la Policía de San Juan en la etapa previa al golpe militar de 1976, durante la gestión de don Eloy Camus. Según se desprende de la investigación, al amparo de la ley 20.840 de seguridad nacional, los efectivos policiales capturaron a militantes de izquierda para luego someterlos a todo tipo de torturas para obtener información de sus contactos y movimientos. En los procedimientos, las víctimas estuvieron encapuchadas, fueron golpeadas y al menos dos mujeres fueron violadas, según se desprende de la investigación judicial.