En el marco de la clausura de la 16a. Conferencia Industrial Argentina y ante unas 3.000 personas, entre autoridades gubernamentales, empresarios, sindicalistas e invitados calificados, la presidenta de la Nación pronunció un discurso inédito para el estilo confrontativo que ha sido norma del kirchnerismo ante quienes consideró adversarios.
Cristina Fernández, por el contrario, y nada menos que en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), pidió darle "racionalidad, institucionalidad y legalidad” a la puja distributiva sectorial y condenó las protestas agresivas que convierten a los ciudadanos de rehenes de "prácticas que no le hacen bien al país y mucho menos a la actividad económica”. Además demandó al empresariado que no busque acumular rentabilidad a través de salarios degradados ni tampoco por la vía de precios más altos.
Esta vocación de diálogo del Gobierno nacional es una señal alentadora y a la vez es un compromiso que debe ser visto no como un simple cumplido de la retórica sino como un punto de partida para reencauzar las situaciones problemáticas del país, que es el estancamiento del desarrollo por discrepancias que parecen irreductibles y enfrentamientos estériles.
No caben dudas que hay que valorar esta predisposición del Poder Ejecutivo nacional para reunir en torno a la mesa del diálogo a todos los actores que participan en el quehacer nacional de manera gravitante. Este entendimiento es el que se ha venido reclamando y chocaba en con intransigencia hostil, donde la única verdad era la del oficialismo, que ni siquiera escuchaba a las voces que instaban a transigir, como lo venía señalando la Iglesia. Hay indicios de un giro sustancial. Días antes, luego del caso que involucró a los diputados Camaño y Kunkel, se conocieron las primeras palabras de concordia de la jefa del Estado al observar que "hay que respetar a todos, aún a aquellos que nos pegan".
Están dadas las condiciones para escuchar, ser escuchados y exponer propuestas en busca de soluciones a los problemas puntuales y aquellos que deberían encuadrarse en políticas de Estado, o normas macroeconómicas, de manera que se avance desde ha inmediatez a la previsibilidad que necesita la Argentina para ser realmente un país confiable. Es de esperar que se alcancen los objetivos: todo entendimiento implica ceder algo por el bien común.