El juez federal de San Rafael, Raúl Héctor Acosta, hizo lugar ayer en la mañana al amparo presentado el lunes por la Cámara de Comercio de esa localidad mendocina y ordenó "suspender preventivamente la vigencia del decreto 699" que relanza la promoción industrial en La Rioja, San Juan, Catamarca y San Luis, lo que provocó una reacción explosiva -en términos jurídicos y políticos- en gobernadores, fiscales e industriales de las provincias beneficiadas.
La sentencia judicial ordena a la Nación que se "abstenga de dar operatividad al mismo hasta que haya sentencia definitiva". En el 2004 el mismo juez frenó otra causa por la promoción (ver aparte), por lo que ayer la resolución judicial no causó sorpresa al gobierno sanjuanino, pero sí un enérgico repudio. La primera reacción en San Juan fue empezar a delinear la presentación de un recurso de apelación a principios de la semana próxima, y hasta ayer aún no se definía si lo hará sola o en conjunto con el resto de las provincias.
"Vamos a hacernos parte del proceso como terceros interesados y apelaremos la medida", dijo el abogado y asesor de Gobierno Guillermo de Sanctis, luego de la reunión que mantuvo al medio día con el fiscal de Estado Mario Díaz. Allí se estuvieron contactando con representantes de Catamarca, La Rioja y San Luis. Por la tarde, el fiscal Diaz continuó los contactos, esta vez con los fiscales de las tres provincias. "Son contactos preliminares, estamos trabajando en lo estríctamente jurídico, y aun no tomamos definiciones”, dijo.
Hasta ahora lo que se sabe es que la provincia, al apelar, cuestionará que se haya resuelto tan rápido un amparo -generalmente interpuesto ante situaciones de peligro inminente- cuando las provincias aún no habían adherido siquiera al decreto reglamentario de la nueva promoción. "El juez ordena suspender algo que aún no estaba operativo”, explicó De Sanctis. "Me parece que esto es un fallo político de un juez que le gusta ser figurita repetida”, agregó.
Lo que debe quedar bien claro es que la resolución judicial del juez mendocino es contra un decreto presidencial, y por lo tanto, la Nación debe apelar la medida. El juez debe correr el traslado de la sentencia al Procurador General de la Nación, y el plazo para la apelación es de 8 días, aunque puede extenderse según la distancia de las sedes judiciales. Por lo tanto, las provincias afectadas se harán parte del proceso como terceros, para poder apelar también.
La acción de amparo de la Cámara de Comercio sanrafaelina se hizo casi en paralelo con la presentación que realizó el pasado 2 de junio el gobierno de Mendoza a la Corte para que se declare "inconstitucional" al decreto.
El consultor Américo Clavel dijo ayer que en definitiva ahí es donde se definirá la suerte del decreto presidencial: "Si la Corte llega a fallar en la continuidad del decreto 699, este fallo es el único que tiene validez. Y hay un criterio político de apoyo en este tema”, dijo, al término de la reunión en apoyo a la promoción que realizó -con una concurrencia inédita- la Unión Industrial de San Juan (ver página 3). El encuentro había sido organizado de antemano, y en medio de la conferencia llegó la noticia de la resolución del juez Acosta.
Por su lado, el gobernador Gioja fue de los primeros en hacer declaraciones: "Hay que ser racional, un juez no puede gobernar, si quiere gobernar debe presentarse a ser candidato. Este mismo juez ya nos hizo algo parecido, hace algunos años. Lo que creo que hay que hacer es que hay que ser racional y hablar las cosas", dijo el gobernador,La titular de Industria, Sandra Barceló aseguró que la provincia tiene delineada su estrategia jurídica. "El gobierno no está de brazos cruzados, sino trabajando activamente y va a defender el decreto presidencial que da beneficios y prorroga los que ya tienen las industrias”, aseguró. La funcionaria destacó además que esta nueva medida promocional -que permite diferir IVA y Ganancias- no es igual que la anterior. Permite diferir solamente hasta un 40% del total de mano de obra que tome la nueva empresa, y además es solo para industrias, no para ampliar plantaciones de viñedos, como sugirió Mendoza. "Esto no es para servicios o agro”, dijo Barceló.