Para el juez de Instrucción Guillermo Adárvez el asunto es claro: no corresponde interpretar, legalmente, que hay que excarcelar al empresario bodeguero y abogado acusado de abusar de su propio hijo y otros dos chicos, sólo porque tiene ‘arraigo personal y laboral’ en San Juan, porque carece de antecedentes y colaboró con la justicia. Es más, expresamente dice en su fallo que esas posibilidades no están establecidas en la ley de procedimiento penal que contempla los casos para eximir de prisión o excarcelar a un imputado, dijeron fuentes judiciales.
En coincidencia con el fiscal Daniel Guillén, el magistrado opinó que la escala penal de los delitos que le atribuyen (de 8 a 20 años de cárcel) impide conceder la excarcelación, pues la ley establece que cuando el mínimo de la pena sea superior a 3 años (en este caso es 8) ya no es posible, porque el sujeto puede fugarse o entorpecer la investigación.
El sospechoso de 62 años está preso desde el 5 de febrero pasado y, a través de un fallo de la Corte de Justicia local, le había planteado al juez que lo deje en libertad, más allá de que la escala penal sea un obstáculo. El hecho de tener su vida ligada a San Juan, por su empresa y su familia, tener una planilla sin antecedentes y colaborar siempre con la Justicia, habían sido su principal argumento.
No fue su único planteo: al comenzar la investigación también solicitó la eximición de prisión para seguir libre luego de declarar como sospechoso. Además, le había pedido al juez que atenuara la calificación de los delitos que investiga.
Sin embargo el magistrado rechazó cada uno de los planteos. Y ahora será un tribunal superior el que determine si hay que cambiar la calificación delictiva y, principalmente, si cabe que el bodeguero pueda conseguir su excarcelación y afrontar en libertad lo que reste del proceso.