Como en todo Estado de derecho, Argentina otorga las garantías y las libertades constitucionales que enmarcan a todas las actividades de la ciudadanía y la relación entre mandantes y mandatarios. El derecho de petición debe ajustarse al diálogo y las negociaciones, en sus diferentes etapas cuando se agotan, llevan a las medidas directas.
Este esquema básico, en el que se desenvuelven las relaciones laborales fue ignorado por el paro nacional declarado por las llamadas centrales obreras opositoras, en demanda de políticas activas contra la inflación y la inseguridad que afligen a toda la sociedad y por la variación del mínimo no imponible para un sector de los asalariados.
En todos y cada uno de estos temas no hubo diálogo y menos negociaciones directas de los convocantes a la huelga con las autoridades correspondientes, sino amenazas mediáticas que finalmente se materializaron con un paro que tuvo amplia repercusión, pero no por adhesión espontánea sino por la participación de sectores de la izquierda combativa y organizaciones sociales radicalizadas. La ausencia de transporte público en la Capital Federal, conurbano bonaerense y en otros centros populosos del país, junto a los piquetes que impidieron el tránsito vehicular, contribuyeron a una paralización atípica si se considera que los gremios con mayores afiliados no adhirieron al paro. Es decir, no fue un éxito del acatamiento sindical sino un bloqueo masivo para impedir el desarrollo de la vida cotidiana, como se pudo observar en San Juan, donde no hubo piquetes ni activismo amenazante, pero las dificultades para concurrir a la escuela o las ocupaciones habituales, hicieron que la rutina tuviera un movimiento inusual.