El oficialismo de la Cámara de Diputados se anotó ayer un punto importante al lograr convertir en Ley de Acceso a la Información Pública, que obliga al Estado a brindar los datos que solicite cualquier ciudadano en un plazo de 15 días. Lo que no pudo la alianza gobernante fue avanzar en una modificación de la ley de Estupefacientes que penaliza el desvío de precursores químicos, que tiene la media sanción de la Cámara alta y que en Diputados ya se definieron algunas modificaciones.

El proyecto de penalización del desvío de precursores químicos, que tenía dictamen de comisión pero necesitaba de los dos tercios para ser incluido en la orden del día debido a que aún no tenía los siete días hábiles que exigía el reglamento, tropezó con la intransigencia del kirchnerismo que decidió postergar el tratamiento de la propuesta. Lo cierto es que el oficialismo propiciaba un endurecimiento de las penas por el contrabando de los precursores químicos, ya que la propuesta sancionada en el Senado preveía penas de 6 meses a dos años, mientras que diputados lo llevó de uno a seis años.

La buena noticia del día para Cambiemos fue que logró incorporar al temario el debate del proyecto de Acceso a la Información Pública sobre tablas, ya que no contaba aún con dictamen de comisión y necesitaba una mayoría especial para incluirlo en la sesión. Tras convertirse en comisión, el plenario aprobó por 182 votos y 16 en contra el dictamen original de la Cámara baja y rechazó los cambios incorporados por el Senado.

Entre otras cuestiones, y a instancias principalmente del Frente para la Victoria, el Senado había propuesto que el director de la autoridad de aplicación requiera acuerdo del Senado y eliminó además el artículo que exigía a dicho funcionario no haber ocupado electivos o partidarios en los últimos cinco años previos a su designación.

Al fundamentar la decisión del oficialismo, Pablo Tonelli, puso de relieve que ‘luego de consultas hemos llegado a la conclusión que es conveniente que la Cámara insista en la sanción originaria de este cuerpo’.

Según el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, cualquier persona tiene derecho a solicitar y recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz; pronta respuesta y que el Estado tendrá 15 días para proveer la información solicitada, con posibilidad de prorrogar el plazo por 15 días más una sola vez.

Al destacar la importancia de la sanción del proyecto, la diputada Karina Banfi (UCR), que integró el grupo de expertos que elaboró la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública, puso de relieve que a partir de ahora ‘por ejemplo el Poder Judicial va a tener que difundir sus declaraciones juradas’. Tras sostener que se trata de ‘una ley para los funcionarios más que para los ciudadanos’, Banfi destacó que el objetivo de la norma apunta a ‘conocer cómo el Estado administra el dinero de los argentinos’.

Se trata de una deuda del Congreso y un reclamo de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles que fue tratado varias veces en ambas cámaras pero que nunca logró suficiente consenso como para llegar al recinto.