Podemos observar una extraña paradoja en las elites dirigenciales con respecto a la visión que tuvieron las de la organización institucional iniciada en 1852, y las de nuestro tiempo. Si repasamos la vida épica de Domingo Faustino Sarmiento, paradigma de aquellas, nos tentamos enseguida a distinguirlo como un político de la talla de San Martín, un educador empedernido, periodista y escritor de alta pluma, un estadista como tal vez no tuvo luego el país. Pero además, para muchos de nosotros, todo eso que fue, queda empequeñecido con el desafío que lanzara hacia adelante: Gobernar es antes que nada "educar al soberano".
Por eso no dudó al observar el país en que vivió, en gritar a los cuatro vientos su propio anatema laico "en Argentina construíamos civilización o nos vencía la barbarie". Civilización era república, educación general, ejemplaridad con austeridad públicas y progreso en libertad. Barbarie era caudillismo sistémico, confiscación, acatamiento como destino personal y colectivo.
Calificar las acciones políticas propias de una u otra de estas máximas no fue antes ni ahora una cuestión geográfica. No es atribuible a la diferencia entre las riquezas que exhibía un puerto magno y un interior pobre. No, era la forma en que se manejaban las rentas lo que permitía descubrir distancias. Se usaban para conformar una sociedad abierta de la que nos habló un poco más acá en el tiempo Karl Pooper, o las utilidades eran para someter, disciplinar y humillar al pueblo al compás de la voluntad de un déspota.
Podríamos decir en un brochazo injusto como toda generalización, que Buenos Aires en sus primeros tiempos de organización republicana se encaminaba hacia la civilización, a la vez que en el interior se divisaban preocupantes signos de barbarie.
Pasó un siglo y medio y si nos detenemos a observar desde la perspectiva expuesta lo que acaba de pasar con la media sanción de la ley de Glaciares, podemos afirmar que aquellos roles cambiaron, que la dirigencia bárbara hoy se apoderó del puerto, y levanta arrogante un discurso electoral construido con falsas premisas, dirigido a disciplinar con el método de Joseph Goebbels el pensamiento general, y mantener al igual que el déspota, en atraso económico y cultural a una buena parte de la Argentina.
Deberían saber que si la ley Bonasso prospera y se cumple, miles de compatriotas perderían sus empleos. Debería detenerse no sólo la minería, también la actividad turística, los centros de ski y la circulación vehicular cercana a estos y la de pasos fronterizos ya que todo ello "altera" el ambiente periglaciar definido como el nuevo "Tótem" del último desvarío nacional.
¿Qué les pasa a dirigentes políticos y mediáticos portuarios (autóctonos y conversos), que andan buscando, se juntan y exhiben en programas armados a cipayos provinciales que dan crédito a sus inconfesables intereses? ¿No es ésta la capital de la república que viera prosperar Sarmiento, cuyo progreso económico y cultural, lo reclamara para toda la Argentina?
Cambiaron los roles de las elites. Al contrario de aquellos primeros tiempos de organización republicana, es ahora el interior el que empuja el progreso económico en busca de superar desigualdades insoportables para miles de argentinos de carne y hueso. Las provincias cordilleranas tienen en la minería metalífera una herramienta única e insustituible para ir construyendo bienestar, allí donde más atrasado se puede señalar al país. Por el contrario, desde el puerto Capital se levantan voces enfurecidas contra esa posibilidad de progreso. He aquí la paradoja.
Finalmente podemos acotar que la minería metalífera de nuestro tiempo se desarrolla cuidando lo que desprecian en Buenos Aires: el medioambiente. Si no fuera así que expliquen el sistema de complicidades que permite seguir con la diaria contaminación de aguas dulces (el Riachuelo, el arroyo Luján y el Río de la Plata).