�En noviembre de 2006, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó la Ley Nro 7.759, que estableció el pago, por única vez, de una indemnización de 25.000 pesos para aquellas personas que perdieron su trabajo en la administración pública provincial o municipal por razones políticas o gremiales durante la dictadura militar. Aunque hubo muchos interesados, según datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de San Juan, al final fueron 34 los que terminaron accediendo al beneficio.
La norma fue de autoría de los entonces diputados Jorge Agüero (Bloque kirchnerista) y Hugo Zalazar (PJ) y propiciaba la posibilidad de acceder al pago a quienes perdieron su trabajo por razones “de seguridad a aquel personal permanente transitorio o contratado de toda la administración pública provincial y municipal que de cualquier forma se encuentre vinculado a actividades subversivas o disociadoras”.
Entre los requisitos para acceder al subsidio se planteaba que la persona no debía haber sido indemnizada ni estar en litigio contra el Estado por esta causa, que la baja se hubiera producido sin sumario legal previo y se debía aportar la documentación probatoria, incluso la existente en la Justicia Federal. Los fondos surgieron de una reasignación de partidas en el Presupuesto provincial y el pago se hizo en el 2007.
Para acceder a ese pago, los interesados tuvieron que aportar la copia del decreto mediante el cual fueron designados en el cargo, copia de la baja, adjuntar copia de la Ley 7759 y una nota dirigida al Ministerio de Gobierno de la provincia, fundamentando los motivos del planteo.
Cabe consignar que esa indemnización salió de las arcas provinciales, en cambio ahora los beneficiarios que recibirán la pensión graciable establecida por ley del Congreso Nacional será con recursos del presupuesto nacional.