Un informe dado a conocer por este diario el día 17 del mes pasado reveló serias falencias en edificios de los tribunales provinciales. De manera insólita al día siguiente una autoridad del Poder Judicial salió a responsabilizar por esa situación a quienes elaboraron el informe por el que se destaparon las irregularidades. Y 20 días después de esa respuesta, un empleado cualquiera toca una llave térmica y recibe una descarga que casi le quita la vida. Es decir, avisados públicamente de lo que además es obvio, tampoco salieron a hacer nada. Lo ocurrido en este lapso de tiempo no es más que un síntoma claro de que a la Corte de Justicia de la Provincia, responsables de la administración del Poder Judicial en todos sus aspectos, no les importa nada. Claro, hoy podríamos estar lamentando una muerte, pero, ¿cuántas ocurren sin que nadie se entere gracias a esa actitud del Poder Judicial?

El informe publicado por este diario a mitad de abril fue realizado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT) a pedido del gremio de los empleados judiciales. En él se mencionan falencias graves en las instalaciones eléctricas, se advierte que las escaleras son inseguras, que hay vías de escape obstruidas y que no se garantiza la provisión de agua libre de bacterias. También se detecta la ausencia de botiquines de primeros auxilios, la falta de un plan de emergencias y hasta hallaron los baños sucios. Entre las infracciones más graves están las que hacen a la instalación eléctrica, cuyo estado es clave para determinar el riesgo de electrocución e incendio: hay cables expuestos, conectores y cableado en mal estado, tableros sin protección para evitar contactos directos y falta de puesta a tierra. Además, ninguno tiene documentos para prevenir desastres, como croquis de evacuación, estudio de la carga de fuego, cuantificación de los extintores que hacen falta y métodos de detección de incendios. Parece que el informe no mintió: el jueves 5 de mayo el abogado Francisco Nicolía, mientras trabajaba en el juzgado Correccional Nº 2, vio que una llave se había desprendido de su soporte e intentó colocarla en su lugar. A cambio de esa acción recibió una descarga que casi le quita la vida. No es exagerada la afirmación, ya que un médico le advirtió que si recibía el shock del lado incorrecto del cuerpo, no la contaba. El empleado fue derivado a su casa porque el dolor en el brazo no se le quitaba. Justamente el informe de la SRT había advertido que los mayores peligros estaban en las instalaciones eléctricas. No hay que olvidarse de la trágica muerte del estudiante en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, juicio que le costará millones al Estado, seguramente. Lo mismo hubiera pasado en este caso.

Tras la publicación de ese informe, el secretario Administrativo de la Corte de Justicia, Javier Vera, trató insólitamente de despegar a la Corte del problema y culpó a la ART por no intimarlos a ponerse a tono con las imposiciones sobre higiene y seguridad. ‘El primer responsable de la seguridad del Poder Judicial es la ART, si nosotros no cumplimos en porque la ART no nos ha hecho cumplir’, aseguró Vera en Radio Sarmiento ese fatídico lunes luego de la primera publicación. Como cualquiera sabe, la responsabilidad de la seguridad del empleado en el ámbito laboral es del empleador, en este caso el Poder Judicial, y no de nadie más. Se intuye que Vera intentó dar respuesta sobre un problema que lo comprende a medias, ya que lleva muy poco tiempo en el cargo que dejó vacante el histórico Luis Recio. Y, se puede asegurar, hoy está pagando las consecuencias de décadas de falta de trabajo.

Lo relatado anteriormente no es más que otro síntoma de la desidia que se vive en el Poder Judicial de la provincia. Después hay muchos otros reproches más o menos profundos, dependiendo el ojo con el que se mire: esta Corte es una de las cuatro en el país que no pudo o no quiso impulsar la investigación fiscal y, en consecuencia, es una de las pocas que no ha dado herramientas a sus jueces para acelerar procesos penales, por tanto, tiene un altísimo nivel de causas sin resolver. Esta Corte no ha puesto freno a los poderes políticos de turno, de lo que se intuye que está de acuerdo con el avasallamiento de la Constitución, obviamente. Esta Corte no ha tenido carácter ni inteligencia para encarar reformas profundas, no ha sabido resolver de manera prolija cómo cubrir sus vacantes; en definitiva: esta Corte no tiene el respeto de los sanjuaninos, que es lo más grave de todo.