El sumario administrativo que iniciaron las autoridades de Salud Pública contra los implicados en el video todavía está en la etapa de investigación. Según fuentes calificadas, el instructor sumariante pidió una pericia sobre la filmación para acreditar su autenticidad que por estas horas está siendo autorizada por el ministro Oscar Balverdi. Si los involucrados son encontrados responsables, podrían ser hasta exonerados del Estado. Balverdi dijo más de una vez que no le importa el tiempo que lleve el sumario. Aseguró que se van a tomar todo lo que haga falta para hacerlo de la manera más prolija posible y respetando a raja tabla el debido proceso, para evitar que la investigación quede en la nada por algún planteo de los involucrados. Según dijo, es habitual que los sumarios en el Estado queden en la nada. El sumario se inició casi de inmediato sucedido el hecho y alcanza a 13 de los 15 agentes que fueron identificados en el video. Los otros dos son el médico Fernando Rochetti y el radiólogo Fabián Godoy, que no son sujetos de la investigación interna porque las autoridades del Marcial Quiroga optaron directamente por rescindirles el contrato. La última novedad es que para demostrar que el video es auténtico y que no se trata de un truco o que las imágenes fueron manipuladas, el abogado instructor pidió una pericia que se haría la próxima semana. Después, según las fuentes, se redactará el capítulo de cargos, es decir los hechos que se le imputan a los implicados. Las fuentes aseguraron que todavía falta rato para que el sumario administrativo llegue a su fin. Esto, porque después del capítulo de cargos hay que darle lugar a la defensa de los agentes y esto supone una catarata de presentaciones que habrá que analizar. Una vez terminados los descargos de los trabajadores del Marcial Quiroga, el instructor tiene que elaborar la conclusiones y recién ahí elevar el expediente para que resuelva el ministro, como máximo encargado de la Salud Pública. El sumario se supone que determinará qué grado de responsabilidad le cabe a cada uno de los que participaron del video. Y de ahí se determinarán las penas, siempre de carácter administrativo. Las sanciones pueden ser desde un llamado de atención hasta la exoneración, en cuyo caso el sancionado no podría volver a Estado por un periodo determinado.
