Suenan festejos en Casa de Gobierno, y motivos tienen. Al cumplirse hoy el primer mes desde que los nuevos patrulleros están circulando en las calles de San Juan, la disminución en la cantidad de delitos ha sido monstruosa: 40% menos de robos en octubre. Ojo, el anuncio del "Nuevo Plan de Seguridad", según aclaran los hombres de Gioja, fue a fines de septiembre y seguramente el cambio tiene que ver, también, con la repercusión de la noticia en la opinión pública. Así y todo la cifra es tan escandalosa que hay satisfacción entre los funcionarios. Igual, un relevamiento de DIARIO DE CUYO entre personas que viven en Rawson, donde arrancaron con el "Plan", dice que la mayoría de los entrevistados no sabe cuál es el trabajo de los nuevos patrulleros, más allá de recorrer las zonas. La gran tarea, se supo en aquel momento y se sabe ahora, será mantener los porcentajes bajos una vez que la espuma de lo nuevo se aplaque y en el Gobierno puedan tomar parámetros más estables.

El 25 de septiembre el gobernador llamó a conferencia de prensa y junto a todos los intendentes y los funcionarios del Ministerio de Gobierno anunció que la provincia giraría 10,5 millones de pesos para comprar 128 móviles policiales; es decir, un patrullero cada 5.500 habitantes. Ya en mayo el Gobierno había invertido 5,9 millones de pesos también en movilidades para la Policía de San Juan; aunque por supuesto, no logró ni cerca el impacto en los índices de inseguridad de la última inversión. Desde lo institucional, la medida implicó una fuerte apuesta en infraestructura. Y desde lo político, Gioja tomó el riesgo de repartir responsabilidades en la lucha contra la inseguridad involucrando a los intendentes, quienes bien podrían haber dicho que no, al menos en lo bajo. No lo hicieron.

Algo había que hacer

A mediados de este año, en el Ministerio de Gobierno se asustaron con los motochorros, ya que en los primeros 6 meses la cantidad de hechos delictivos a mano de estos delincuentes trepó casi 10 puntos, comparando ese semestre con la segunda mitad de 2011. Hubo tropiezos, ya que con esas cifras que les quemaban las manos, lanzaron la idea de obligar a las personas que quieran andar de a dos en una moto, a sacar un permiso expedido por la Policía. El proyecto, que llegó a redactarse pero que nunca se presentó en la Legislatura provincial, quedó en el recuerdo como una iniciativa difícil de controlar.

También al ministro de Gobierno, Adrián Cuevas, le costó mantener buenas relaciones por ejemplo con el secretario de Seguridad, Miguel González, quien le hizo pasar algunos tropiezos a comienzos de año. La relación hoy no es la mejor, pero ambos han podido respetarse la cancha, como dicen en el fútbol y, al menos a la luz de los medios, no hay graves problemas. Llama la atención el silencio del exjefe de Policía, y eso, seguro, ha de tener que ver con los "límites de la cancha".

Con esa experiencia en el lomo, el ministro salió a buscar otras respuestas y se encontró con las nuevas movilidades. Dicen en el entorno de Gioja que Cuevas fue quien le llevó la idea al Gobernador. De ser así es, sin dudas, un golazo a favor del hombre de Daniel Tomas. Igual, no todo es color de rosas para el expresidente de OSSE, porque alguna resistencia sigue teniendo entre los más cercanos al Gobernador, pero por lo que se ve, nada trascendente.

Todavía quedan cosas por mejorar y preguntas sin respuesta: este diario habló con 70 personas del departamento Rawson sobre los patrulleros ayer a la mañana. Sólo 16 dijeron que sabían cuáles eran las funciones que tienen las movilidades; es decir, para qué están. Todos dijeron que los ven y todos aseguraron sentirse más seguros con ellos, pero hicieron muecas con la pregunta de la función. Un tema a resolver, dijo un concejal de Rawson, y parece que tiene razón.

Habrá que ver qué ocurre con el paso del tiempo. Es imposible mantener ese 40% menos de delitos, y hay que esperar a que la gente -y los delincuentes- se acostumbren a ver los patrulleros en las calles, para que eso no siga impactando en las cifras de la inseguridad. De allí volver a medir los delitos y empezar a conversar. En el Gobierno no saben cuándo será eso, pero saben, a la vez, que es probable que el rédito no se vea puertas hacia afuera de Libertador y Paula. Dicen que el divulgar las cifras de delictuosidad causa un mal efecto en la opinión pública, y tienen razón. Lo mejor es seguir el plan a la perfección sin levantar la cabeza. Las cifras son buenas, pero hay que mantenerlas.