El funcionario suizo, asombrado, respondió: "¿Hambre? ¿Qué significa hambre?”. El funcionario cubano, igualmente perplejo, contestó, "¿Opinión? ¿Qué significa opinión?”. El funcionario estadounidense dijo "¿El resto del mundo? ¿Qué significa el resto del mundo?”. Y el funcionario argentino dijo: "¿Honestamente? ¿Qué significa honestamente?”.
La broma me vino a la mente al leer el libro "La riqueza pública de las naciones”, de los suecos Dag Detter y Stefan Folster, que propone una manera audaz para luchar contra la corrupción: la creación de Fondos Nacionales de Riqueza -ya existen en Singapur y Austria- para evitar el uso discrecional de los bienes del Estado por parte de los gobernantes.
Es una idea que valdría la pena explorar en América latina, donde los escándalos de corrupción que involucran a empresas estatales y funcionarios públicos o sus parientes están en las primeras planas de Brasil, Argentina, México, Perú, Honduras, Guatemala, Panamá e incluso Chile, el país menos corrupto de la región. Venezuela es el país más corrupto de latinoamérica, y uno de los más corruptos del mundo.
La receta tradicional contra la corrupción es la separación de poderes, junto con una prensa independiente. Pero los autores de "La riqueza pública de las naciones” van más allá al decir que los países necesitan crear Fondos Nacionales de Riqueza, o empresas independientes dirigidas por administradores profesionales para gestionar los bienes públicos, ya se trate de empresas estatales, edificios, o monumentos históricos.
El viejo debate entre la izquierda y la derecha sobre si los gobiernos deben nacionalizar o privatizar es irrelevante, dicen los autores. Lo que realmente importa es la calidad de la gestión de los bienes públicos, y aislar los bienes estatales de las manos de los políticos. En lugar de centrarse en la propiedad de los bienes estatales, el debate debería centrarse en las utilidades de estos bienes, de modo que puedan ser utilizadas para construir más escuelas, puentes y hospitales, dicen. "Esto no quiere decir que toda la riqueza deba ser privatizada. El proceso de privatización también ofrece oportunidades tentadoras para el enriquecimiento rápido, el amiguismo, la corrupción y la regulación disfuncional”.
Varios países ya tienen versiones limitadas de Fondos Nacionales de Riqueza. Por lo general, el Congreso elige un consejo de directores externos, que contratan a un equipo de profesionales externos. Estos, a su vez, hacen una lista de los bienes del Estado, los hacen evaluar para determinar el valor de mercado de cada uno, y deciden qué hacer con cada uno de ellos.
En Singapur, Temasek, la versión de un Fondo Nacional de Riqueza de ese país, ha tenido utilidades anuales promedio del 16% desde que se creó en 1974. Eso ha permitido que el gobierno reciba como dividendo un porcentaje de estas utilidades, y las utilice para la educación, la salud, o la infraestructura. Esto podría funcionar muy bien en América latina para combatir la corrupción.