El Gobierno nacional logró esta semana la aprobación por parte del Senado de una reforma a la Ley de Educación Superior (LES) de la que sobresalen dos puntos clave que afectarán a los futuros estudiantes universitarios: uno que garantiza la gratuidad de la enseñanza y otro que pone fin a los exámenes de ingreso.
Sobre que el Estado argentino financie las universidades y la gratuidad de los estudios de grado, una modificación exigida históricamente por docentes y estudiantes -al considerar que la normativa era ‘neoliberal‘- pero rechazada por el PRO durante su tratamiento en el Congreso.
La Cámara Alta convirtió en ley la modificación de varios artículos de la Ley 24.521, sancionada en 1995, y uno de los más importantes es el 2°, donde ahora queda explicitado que ‘el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas‘. Es decir, decreta “la prohibición de establecer cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa” que atente contra la gratuidad.
Ingreso sin filtros
La reforma a la ley 24.521 también eliminó el segundo párrafo del artículo 50, que permitía a las Universidades con más de 50.000 alumnos que sea cada Facultad la que defina el sistema de ingreso a las carreras. Es decir, no habrá filtros para el ingreso de estudiantes como cursos de ingreso con exámenes para acceder a la universidad. Esto implica, por ejemplo que quedan eliminados los polémicos cursos de ingreso en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata que, año a año, deja al desnudo serias falencias de los aspirantes en un abanico de materias que suelen ser títulos de todos los medios de comunicación del país.
Tras la modificación del artículo 7 expresa que “todas las personas que aprueben la educación Secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior”.
Además, establece que el ingreso “debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo, excluyente o discriminador”.
La gratuidad
La reforma, a su vez, garantiza que sean ‘las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización‘ de los Institutos de Formación Superior de sus distritos y casa de altos estudios provinciales si las tuviere.
‘La ley menemista creó la posibilidad del cobro a estudiantes disfrazado bajo la figura de aportes, por ejemplo, lo que a abrió la puerta a vivir una situación como la chilena‘, indicó a Télam la autora de la modificatoria, la diputada Adriana Puiggrós (Frente para la Victoria).
‘Esta ley ahora garantiza la gratuidad y acompaña la creación de las nuevas universidades que hemos impulsado en los últimos años, incluyendo la Universidad Pedagógica que también es un proyecto de mi autoría, y a las que acuden una población de menores recursos‘, agregó.
Los cambios en la normativa también apuntan a que las casas de altos estudios promuevan la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, reconozcan las diferentes identidades de género y culturas, y generen una integración regional.
No a la mercantilización
Con el mismo espíritu de gratuidad, les prohíbe ‘suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización‘.
Las modificaciones responden así a algunas de las críticas más fuertes contra la LES formuladas por estudiantes, docentes y hasta las propias instituciones educativas, como la Universidad de Buenos Aires, que logró por la vía judicial su no aplicación al entender que avasallaba el principio de la enseñanza pública.
Algunos expertos rechazaron la nueva ley, con el argumento de que interfiere con la autonomía universitaria y establece medidas “demagógicas”
Esta modificación había obtenido su media sanción el 5 de junio de 2013 en Diputados.