El abogado Cayetano Dara, quien estaba separado transitoriamente del cargo de titular de la Dirección de Asuntos Legales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), fue exonerado del puesto por resolución del rector Benjamín Kuchen, con quien mantenía un fuerte enfrentamiento, quien tuvo en cuenta el resultado de un sumario administrativo que detectó irregularidades en la repartición.
En el sumario se consideraron una serie de elementos que ya habían sido advertidos en una auditoría interna ordenada por el rector entre las que figuraban que el servicio era "deficiente", que había demoras en la tramitación de los expedientes y que había pérdida de confianza. En ese informe se hacía mención a que Dara había "ventilado públicamente hechos e informaciones que conoce con motivo de su función, formulando denuncias y críticas sin seguir los canales institucionales y legales previstos".
Cuando la medida quede firme, Dara quedará inhabilitado para volver a ocupar puestos públicos en la administración municipal, provincial y nacional y tampoco tendrá derecho a percibir una indemnización, según aseguraron fuentes de la casa de estudios.
Aunque desde la UNSJ aseguraron que Dara había sido notificado de la decisión, él lo negó y anticipó que la decisión era incorrecta porque tiene fueros sindicales, ya que se ha postulado para ser delegado en la casa de estudios del gremio UPCN, y a que está en uso de licencia médica y en esa condición, argumenta, no se podría disponer la separación del cargo.
Dara estuvo a cargo del área que presta asesoramiento jurídico de la universidad hasta mayo del año pasado, cuando Kuchen dispuso la intervención de la dirección y designó una reemplazante, la abogada Adriana Tettamanti. Y a él le encomendaron asesorar a los colegios preuniversitarios, pero estaba de licencia por enfermedad desde noviembre del año pasado. También se ordenó un sumario administrativo, que concluyó ahora, que estuvo a cargo de un abogado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Luis Córdoba.
En ese momento ya era pública en el ámbito universitario la mala relación que mantenían ambos. Incluso en declaraciones al semanario El Nuevo Diario, Dara había dicho que Kuchen era un "rector autista". Y después lo denunció penalmente en la Justicia Federal por la presunta evasión en el pago de las contribuciones patronales, por el supuesto depósito de fondos en bancos no autorizados y por falseamiento de datos en el trámite del llamado reencasillamiento del personal de apoyo universitario. Incluso por este último tema, el miércoles trascendió que una resolución de una comisión nacional encargada de resolver conflictos por sueldos obligaría a la casa de estudios a pagar una deuda millonaria -se habla de hasta 15 millones de pesos- por sueldos y categorías mal liquidadas.
Dara dijo que ese hecho podría haber apurado su exoneración, pero el rector Kuchen no quiso opinar sobre el tema.
La última denuncia del director exonerado contra el rector fue por incumplimiento de deberes de funcionario por el caso del estudiante Fernando Reynoso, fallecido en Ingeniería por una falla eléctrica.
Sobre la exoneración de Dara, Kuchen expresó que "prefiero mantener reserva y manifestar que comparto las expresiones del sumario".
Desde mayo, al frente del área de Legales de la universidad había sido designado interinamente un abogado que se desempeñaba en la repartición, Alejandro Páez. Pero ayer el rector dijo que no estaba definido todavía si Páez va a seguir al frente del organismo o si va a ser nombrado otro profesional.
La mala relación entre Dara y el rector también se manifestó en las últimas elecciones universitarias. Es que el ex director apoyó a Ricardo Pintos, actual secretario de Gobierno de la Capital, quien fue el principal rival que tuvo Kuchen para obtener el tercer mandato consecutivo.
Dara es una persona ampliamente conocida en la actividad política y en el mundo del deporte. Fue subsecretario General de la Gobernación durante el mandato de Juan Carlos Rojas y en lo deportivo, más precisamente en el hockey, llegó a ser presidente del club Atlético Social San Juan. También fue investigado por la Justicia sospechado por haber autorizado gastos en 1995, cuando era funcionario público, que no se ajustaban a la Ley de Contabilidad.