Al asumir la conducción de la Mutual de la UNSJ, el entonces presidente Rubén Esteban Castro y el tesorero Oscar Roberto Bazán heredaron un rojo en las arcas de 350 mil pesos y tras 9 años multiplicaron el pasivo, el cual quedó en más de 7 millones de pesos. En los últimos 8 meses de su gestión, financiaron la entidad con aportes de particulares, a quienes a cambio les entregaron cheques a pagar con intereses en fechas posteriores a la finalización de sus mandatos, generando un perjuicio económico a la institución y una pesada carga a las futuras administraciones. Pero no es todo, ya que recibieron un subsidio de una repartición nacional para la construcción de 4 cabañas y sólo hicieron los terraplenes y las plateas, sin detallar el destino del resto del dinero. Esas son las principales irregularidades que probó el juez Martín Heredia, del Cuarto de Instrucción, quien procesó a ambos por administración fraudulenta y le trabó un embargo de 10 millones de pesos a cada uno.
Castro y Bazán estuvieron al frente de la Mutual desde 2005 hasta fines de octubre de 2014, cuando perdieron las elecciones con la lista opositora que encabezó Omar Cerezo. Fue la nueva comisión directiva la que ordenó una auditoría, la cual detectó las presuntas irregularidades, y el nuevo presidente radicó la denuncia. La investigación que culminó el juez Heredia estableció que las exautoridades llevaron a cabo una administración fraudulenta que derivó en un perjuicio patrimonial para la entidad. Fuentes calificadas explicaron que para solventar los gastos operativos, los exdirectivos recurrían a particulares para que aportaran recursos y a cambio les entregaban cheques de pago diferido con intereses. Esta maniobra se profundizó de marzo a octubre de 2014, donde se libraron 250 documentos por más de 7 millones de pesos. Cuando estos vencieron, los renovaron y fijaron sus cancelaciones para después de las elecciones de la mutual. A esa altura, ni Castro ni Bazán continuaron en sus puestos. Para el juez, el perjuicio a la entidad está probado, ya que los acreedores le reclamaron la deuda a la actual comisión, que no está en condiciones de enfrentar dicha suma.
Además, los exdirectivos recibieron un subsidio de casi 565 mil pesos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para hacer 4 cabañas, pero sólo justificaron 186 mil pesos por terraplenes y plateas y no hay constancias sobre lo que se hizo con el resto del dinero. Además, no hubo registro ni control de las órdenes de compra, de los proveedores, de las cuentas corrientes y pagos, dijeron las fuentes.
El juez Martín Heredia procesó a Castro y Bazán sin prisión preventiva.
En la causa también están en la mira los abogados Jorge Lecich y Rolando Nafá, y Juan Antonio Ortega y su hijo Joaquín por el delito de usura, dado que fueron denunciados por obtener desproporcionados intereses de los préstamos que le hicieron a la Mutual, aprovechándose de la necesidad que atravesaba la entidad. Pero el magistrado entendió que los acuerdos fueron celebrados de manera voluntaria entre las partes. Es más, fueron los exdirectivos los que buscaron a los 4 señalados para conseguir fondos. Por eso les dictó falta de mérito. Si aparece alguna nueva prueba, puede procesarlos. En cambio, si la causa sigue igual, serán desligados definitivamente.
En números
1,4 Millones de pesos era la deuda de la Mutual al 30 de junio de 2014, según el balance. Al 31 de octubre de ese año, el saldo negativo superó los 7 millones de pesos.
Otro implicado
En mayo, el juez Pablo Flores, del Segundo Juzgado de Instrucción, procesó al excobrador de la Mutual de la UNSJ Alberto Antonio Cortés por el delito de administración fraudulenta, ya que consideró probado que se quedó con dinero que correspondía a la inscripción y pago de cuotas de asociados de la entidad. Se calcula que la suma era de 180 mil pesos. La denuncia también fue realizada por la nueva gestión que lleva adelante Cerezo. Según la presentación, Cortés no rendía el dinero que recaudaba del aporte de los nuevos inscriptos, que abonaban 2.500 pesos para ingresar por grupo familiar y después 250 pesos por mes. Eso fue hasta octubre del 2014, cuando la nueva comisión empezó a investigar las irregularidades de la anterior administración de la institución. La maniobra se descubrió cuando empezaron a llegar a las oficinas de la Mutual los socios adherentes, es decir, aquellos que no son afiliados directos, que querían abonar sus cuotas, porque Cortés había dejado de cobrarles. Si no estaban al día, perdían los beneficios que brindaba la entidad y no podrían hacer uso del camping. Las dudas comenzaron a tomar forma cuando se comprobó que Cortés entregaba recibos, pero el dinero no figuraba como rendido en los registros contables de la institución.