La ola de protestas gremiales que afecta a Uruguay se extendió a los funcionarios judiciales y de aduanas, llevando a una docena los sectores en conflicto, mientras el Gobierno de José Mujica es optimista de que logrará soluciones.
"Hemos actuado con celeridad y firmeza pero el derecho de huelga está garantizado", afirmó ayer el ministro uruguayo de Trabajo, Eduardo Brenta.
Las autoridades del Ministerio de Trabajo recibieron a dirigentes de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) para seguir negociando debido a que la banca oficial está en conflicto desde hace dos semanas y con sus medidas afectaron la actividad de plaza financiera local.
Simultáneamente, las autoridades del Ministerio de Salud Pública negocian una posible solución a la huelga que realiza la Sociedad de Anestésico Quirúrgicos (SAQ), que obligó a suspender decenas de operaciones en sanatorios y hospitales.
Tres gremiales médicas rechazan la incorporación de su caja de auxilio al Fondo Nacional de Salud, prevista a partir del 1 de enero próximo, argumentando que perderán salario y otros beneficios. Por la misma razón, los escribanos (notarios) también están movilizados y realizaron protestas en el Parlamento.
Los funcionarios judiciales ocuparon el martes durante casi seis horas la Suprema Corte de Justicia para reclamar mejores salarios. La paralización de actividades de los funcionarios de aduanas, también para reclamar aumento de salarios, derivó en la concentración de más de un centenar de camiones en la frontera con Brasil a la espera de poder completar los trámites para el transporte de mercaderías.