El conocido bodeguero de 62 años preso desde el 5 de febrero pasado por el supuesto abuso sexual de su propio hijo de 2 años y de otros dos chicos adolescentes que son hijos de su expareja, pidió al juez Guillermo Adárvez (Tercer Juzgado de Instrucción) que lo deje en libertad más allá de que la escala penal de los delitos que le atribuyen no lo permita, dijeron fuentes judiciales. Según fuentes judiciales, la defensa del empresario empleó argumentos muy similares al caso Estornell (ver aparte) en el que un eximputado logró que la Corte de Justicia lo liberara, más allá de la traba de la escala penal: allí se establece que si el mínimo de la pena es superior a 3 años, el imputado no puede acceder a la excarcelación.

Según fuentes judiciales, aquel fallo inédito del máximo tribunal de justicia provincial del 14 de diciembre de 2006, se aplicó a favor de Ricardo Daniel Reche y, luego, en contadas ocasiones.

En lo elemental, establece que, al momento de analizar un pedido de excarcelación, los magistrados no deben rechazar automáticamente el planteo si la escala penal lo impide, pues adoptar esa posición podría atentar contra garantías constitucionales, como su derecho a la libertad y el principio de inocencia del imputado.

Además, establecieron que en ese análisis deben probar que el implicado entorpecerá la investigación o se fugará, dos supuestos que se evalúan al momento de conceder o no la libertad.

También sentenciaron que los jueces deben tener en cuenta los ‘valores morales, la ocupación, los bienes que posee y los vínculos familiares que lo mantendrán en el país (…)‘. Así lo establece la Comisión Americana de los Derechos Humanos, de igual jerarquía que la Constitución Nacional.

Según voceros del caso, el bodeguero argumentó que siempre colaboró con la Justicia y lo seguirá haciendo. Y que por sus bienes y sus lazos familiares se quedará en la provincia y no entorpecerá la investigación que, por ahora, parece complicarlo: dos de los niños dijeron en cámara Gesell que fueron abusados.

El pedido del imputado debe ahora ser respondido por el fiscal Carlos Rodríguez y recién entonces el juez Adárvez, el mismo que intervino en el caso Estornell, resolverá.