La persistente sequía que viene soportando la provincia, ha impactado en varios sectores de la economía, pero ninguno tan perjudicado como la actividad agrícola donde el riego, en tiempo y forma, es un insumo vital. Nada se puede programar si no existe una provisión hídrica asegurada -incluso durante el proceso de maduración de los frutos-, porque de ella dependen las inversiones y por ende las expectativas de cosecha.
En esta encrucijada, las medidas de gobierno deben apuntalar a los afectados, como en toda emergencia económica y social, dictando estímulos fiscales y crediticios de manera que las contingencias naturales sean morigeradas y mucho más si se trata de daños en cultivos que pueden ser irreversibles. En el caso particular de los regantes de los valles Tulum, Ullum y Zonda, las sequías cíclicas han tenido el paliativo del agua subterránea a través de las baterías oficiales o de las perforaciones privadas. La utilización del recurso subterráneo está prevista en el Código de Aguas, Ley 4392, con 31 artículos específicos, pero en absoluto establece del pago de un derecho por parte del usuario. En el Departamento de Hidráulica se habla de "vacíos legales” de la norma, por lo tanto se la pretende modificar para gravar el agua extraída siguiendo el carácter transitivo del canon aplicado al riego de superficie.
En principio no se pueden comparar los costos de la dotación del río, un servicio que implica mantener una amplia red de riego para lo cual se paga el canon correspondiente. Es diferente la enorme inversión privada para hacer una perforación, su oneroso costo energético y los sistemas derivados como el riego por goteo o aspersión. Este esfuerzo, que cualquier principio económico aconsejaría fomentar con amplio apoyo y no como alternativa de recaudación fiscal, según lo interpretan las teorías fiscales del momento. Tampoco el Gobierno cumplió con la promesa dada a los productores de destinar la batería de Zonda para el agua de OSSE y volcar todo el escaso caudal del río a los canales.
Estas ideas impositivas no son nuevas, ya hicieron bastante daño a los regantes con el cargo fijo eléctrico, que se pagaba por el sólo hecho de tener un medidor en la puerta de la finca, use o no el pozo. O el ideado por algunos intendentes para gravar al cableado de servicios por el uso del espacio aéreo.
Lo que los regantes de San Juan necesitan es que se termine la inexplicable intervención a Hidráulica para que el cuerpo colegiado y participativo vuelva a tener racionalidad operativa.