Nuestra provincia se ha visto sorprendida en los últimos días por los desbordes de pobladores sensibilizados por hechos delictivos que promovieron reacciones de grupos violentos con incendios, saqueos, ataques a policías e intentos de linchamiento a supuestos involucrados.
Algunas de estas manifestaciones intempestivas se prolongaron con cortes de ruta y exigencias especulativas a las autoridades, más allá de del dolor y la conmoción social causados por la pérdidas de vidas inocentes. El caso del crimen del niño Kevin Alexander Borquez, la semana pasada en Chimbas sumó mayor exaltación colectiva en un departamento ya convulsionado por otra tragedia con una víctima fatal, Pablo González, electrocutado al tocar un alambre con corriente supuestamente colocado por alguien que pretendía frenar los robos mediante una acción demencial.
Estos episodios parecen trasplantados a San Juan por una tendencia social que lleva al desenfreno con el propósito de ajusticiar de inmediato a quien se señala como causante de un hecho delictivo, aunque no existan pruebas contundentes y menos una certeza de culpabilidad. Tampoco se observa la rápida respuesta de los caminos normales de la investigación y contención de las autoridades.
La justicia mediática, como la muestran periódicamente ciertos medios televisivos porteños, es caldo de cultivo para desmanes callejeros y causar daños irreparables a personas inocentes, como los ha sufrido una familia de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza, que pasó cinco años presa por un crimen que no cometió. El martes pasado los cuatro miembros de esa familia fueron absueltos, libres de culpa y cargos, al haberse comprobado que nada tuvieron que ver con un crimen del que fueron acusados falsamente y donde la justicia presionada apuró las sentencias sin haber completado la instancia investigativa. A esta familia le incendió y le saqueó la vivienda una turba enceguecida promovida por parientes y vecinos de la víctima.
El problema de la justicia propia, incluso de aquellos que se arman para responder ante un robo, es un tema muy complejo que sociólogos y juristas deberán desentrañar para que la ley del Talión no se instale en este lamentable retroceso de la comunidad organizada. Seguramente mucho tiene que ver la morosidad judicial y la pasividad de las fuerzas del orden, que dan vía libre a los desmanes para no involucrarse en represiones que ocasionen costos políticos al garantismo ideológico.