“Hemos detectado que en algunos lados hay vivos que vienen por las villas comprando casas, a 4 mil y 5 mil pesos. Es una canallada”, dijo ayer José Luis Gioja. El gobernador dijo que se trata de un caso en un barrio que cree que es de Rivadavia y que el gobierno ha hecho la denuncia correspondiente porque las casas del IPV no se pueden vender hasta que no estén canceladas ni alquilar sin un permiso especial del Instituto que además pide un 20% de pago extra al locatario.
Gioja advirtió que caerán todas las de la ley sobre los que hagan maniobras irregulares con las casas del IPV, en este caso con las destinadas a gente de las villas. “Primero, el que vende no puede estar nunca más inscripto en el IPV porque ya está registrado con su familia. Y segundo, el que compra no va a escriturar nunca la casa porque se ha comprado de mala fe”, dijo.
De todos modos, el gobernador aseguró que “por suerte son muy pocos casos” de irregularidades (también se conocen casos en que los beneficiarios venden los equipamientos y artefactos) y que “la mayoría se integra y sale de la marginalidad”.
