Un Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba Argentina comenzó ayer a juzgar al ex dictador Jorge Videla por el fusilamiento de una treintena de presos en 1976, en un proceso considerado por organismos humanitarios como el más importante después del histórico juicio a las Juntas Militares en 1985.
Junto a Videla, el primero de los cuatro presidentes de la última dictadura (1976-1983), vuelve a sentarse el el banquillo de los acusado, 25 años después, junto a otros 30 represores, entre ellos, el titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menendez.
Todos ellos deberán responder por los delitos de "homicidio calificado" y "aplicación de torturas".
Los hechos que se imputan a los acusados ocurrieron entre abril y octubre de 1976, cuando la dictadura fusiló a una treintena de presos con el falso argumento de que habían intentado fugarse de la Unidad Penitenciaria de San Martín.
Las víctimas fueron detenidas antes del golpe de Estado de 1976 que dio paso al régimen militar bajo los cargos de promover actos subversivos.
Durante la sesión matinal de la primera jornada del proceso, con la presencia del titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, se leyeron los cargos de la acusación, el dictador trató de hacer uso de la palabra, pese a que el juicio se encuentra en una instancia en la que los acusados no pueden pronunciarse.
Además, el tribunal pidió a familiares de los acusados que retiraran una bandera argentina que habían introducido en la sala y a familiares de los desaparecidos que taparan las fotografías de las víctimas que exhibían en sus camisetas para evitar "roces".
"Estamos ante un juicio paradigmático de lo que fue el terrorismo de Estado", afirmó el fiscal Carlos Gonella antes de ingresar en la primera audiencia, presenciada por el secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
"En el proceso quedará en evidencia el consentimiento que hubo con este plan de aniquilamiento por parte de poderes de la sociedad civil que apoyaron y actuaron en consecuencia", destacó el fiscal.
En ese sentido, consideró que en esa "complicidad" con la dictadura se apuntaron "representantes de la Iglesia y de los poderes judicial, político y económico".
Videla, de 84 años y enfermo de cáncer de próstata, fue trasladado la semana pasada desde una cárcel militar de la provincia de Buenos Aires a una celda del penal de Bouwer, en las afueras de la capital cordobesa.
En 1985, dos años después del restablecimiento de la democracia, Videla fue condenado a reclusión perpetua en el juicio a las Juntas Militares, aunque en 1990 fue indultado por el entonces presidente, Carlos Menem.
Inmediatamente después de su regreso a la cárcel, en 1998, un juez le concedió el arresto domiciliario, que mantuvo durante una década y hasta que fue trasladado a una cárcel militar de Campo de Mayo, a las afueras de Buenos Aires.
En 2006 un juez anuló su indulto y en abril de este año la Corte Suprema ratificó esa decisión.
Videla también tendrá que afrontar en agosto un juicio en la provincia norteña de Santiago del Estero por el asesinato de un estudiante en 1976.