La “guerra contra el terrorismo” que sucedió a los atentados del 11S, dejó al desnudo, como nunca hasta entonces, la fragilidad de los derechos humanos en el mundo. Al punto que la “Patriot Act”, la ley antiterrorista puesta en práctica con el objetivo de ampliar la capacidad de control del Estado para el combate al terrorismo, fue prorrogada este año por el Congreso estadounidense hasta junio de 2015. La norma, que permite escuchas telefónicas privadas y la intercepción de correos electrónicos sin orden judicial para la “prevención terrorista”, fue y es duramente criticada por que restringe las libertades y garantías constitucionales. En aras de la “lucha contra el terrorismo”, las autoridades estadounidenses recurrieron además a la detención por tiempo indeterminado y sin posibilidad de defensa y a la aplicación de métodos de tortura, reconocidos por el propio Bush. También de los asesinatos premeditados y extrajudiciales, tal como ocurrió recientemente con Bin Laden. Esto quedó explícito en la prisión en Guantánamo, cuyo cierre aún incumplido fue eje de campaña de Obama. Además la Agencia de Inteligencia puso en práctica, con la complicidad de estados de Europa, un programa secreto para detener a extremistas en suelo extranjero para interrogarlos. Con respecto a esto el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, le escribió una carta a Obama y cuestionó las medidas anunciadas y no cumplidas. “¿Cuánto cuesta a EEUU las bombas que arrojan sobre Libia, Irak y Afganistán?”, se preguntó y agregó: “Si se sumasen todos los millones invertidos para la muerte, ¿cuánto más se podría hacer por la humanidad?”.
