La Corte Suprema de Justicia de la Nación creó en 2006 la Oficina de Violencia Doméstica, para facilitar el acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia en la familia y en situación de vulnerabilidad. Esta oficina trabaja de manera interdisciplinaria durante las 24 horas, todos los días del año y brinda a los afectados un apoyo efectivo, y un servicio para quienes integran la magistratura, proveyendo los recursos necesarios para ejercer su labor.
Además, recibe diariamente las presentaciones espontáneas de personas que buscan información y orientación, más los casos de violencia doméstica derivados de comisarías, hospitales y entidades de bien público en el ámbito porteño. Todo ello en cumplimiento a lo establecido por el art. 37 de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los lugares en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
La norma compromete a la Corte a llevar registros sociodemográficos de las denuncias. Al respecto, en 2012, se implementó un Sistema Intermedio de Registro de datos estadísticos en violencia familiar, que permite la adhesión de las provincias a fin de obtener datos locales y regionales. El sistema informático brinda estadísticas confiables y ha sido validado por las Naciones Unidas para conocer la magnitud de las denuncias y desarrollar políticas públicas a fin de combatirlas.
El último informe revela el crecimiento de este flagelo social, con 10.573 casos registrados en 2014 en el área de competencia, confirmando una tendencia al aumento de los últimos años, con más de 46.000 informes de riesgo frente a hechos de violencia doméstica y cerca de 26.000 consultas informativas. De acuerdo al trabajo, durante el último año las calificaciones de riesgo "alto” y "altísimo” alcanzó al 27% de los casos; "medio” y "moderado”, a 52% y "bajo” a 14%, en tanto el 7 restante fue evaluado como sin riesgo.
Las estadísticas revelan los resultados de un proyecto pionero en el país que se inscribe en el marco de políticas dirigidas a promover métodos adecuados para agilizar la justicia y mejorar la calidad institucional dentro del Poder Judicial. El objetivo de la Corte de articular acciones con los poderes judiciales provinciales para trabajar el problema de la violencia familiar en forma integral ha llevado al Máximo Tribunal a firmar convenios de cooperación con las 23 Cortes y Superiores Tribunales de Justicia provinciales, incluyendo a San Juan.