A menos de un mes de la celebración del Bicentenario de la Patria, la violencia y la intolerancia parecen haberse convertido en el clima inapropiado para una fiesta cívica de tanta trascendencia.

En medio del cruce entre el Gobierno nacional y algunos medios de comunicación porteños, la Asociación Madres de Plaza de Mayo ha convocado para hoy a un "juicio ético y político a los periodistas cómplices de la dictadura". Además, grupos contratados han llamado también para hoy a un acto en la Plaza del Congreso para exigir la renuncia del vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, bajo la consigna "La presidenta no puede echarlo, nosotros sí". Ambos actos son repudiables, ya que son expresiones antidemocráticas que ignoran lo manifestado a través del voto popular, como así también de persecución a quienes expresan opiniones divergentes a las del oficialismo o a las ideologías subyacentes en los grupos que convocan a estos actos. Los ataques de grupos de choque en la Feria del Libro, por la simple presentación de publicaciones que expresan experiencias y puntos de vista, tienen la misma estrategia del grupo Quebracho, hostigando a la Justicia, o de los activistas de Kraft, todo desencadenado en sólo 48 horas.

Los argentinos estamos padeciendo de progresiva intolerancia y desprecio por la ley. Tras las luchas de caudillos del siglo XIX y lograda la organización nacional, era esperable, y así pareció ocurrir durante los años que siguieron al Centenario, que surgiera una sociedad pacificada y respetuosa de los valores comunes entre los habitantes del país ya institucionalizado. No fue así. Es sabido que la calidad institucional de la República se degradó sin remedio a partir de septiembre de 1930. Vulnerada la Constitución Nacional gravemente por el golpe de Estado de esa fecha, el respeto a la ley se fue perdiendo cada vez más.

En una sociedad pluralista, el adversario no es un enemigo al que hay que desarticular o eliminar, sino alguien con quien hay que disentir y convivir. La Argentina debe ser un país de inclusión, en el que se nos permita pensar sin miedos, transitar libremente, trabajar con dignidad, y donde todos puedan expresarse sin temor a represalias. Que sea un país para todos, y no sólo para quienes realizan piquetes, intimidan, cercenan las libertades de la comunidad en su conjunto, o no permiten el disenso contrario al pensamiento hegemónico.

Es función del Estado garantizar la democracia, permitiendo vivir en paz la unidad en la diversidad.