Argentina recurrirá nuevamente a la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, por el conflicto con Uruguay por la papelera ex Botnia, informó ayer la Cancillería y destacó que se revisarán todas las políticas de relacionamiento bilateral.

En una carta dirigida a su par de Uruguay, Luis Almagro, el canciller Héctor Timerman señaló que el jueves pasado ‘el Gobierno argentino tomó conocimiento a través de una nota presentada por la Delegación Uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, que su Gobierno ha autorizado hace seis días en forma definitiva el aumento de producción de UPM (ex Botnia) a 1.365.000 toneladas anuales‘.

La empresa, con sede en Finlandia, indicó el jueves en un comunicado que Uruguay autorizó a la pastera UPM a aumentar su producción, como había solicitado en 2011. En 2013, el presidente uruguayo José Mujica había autorizado un aumento de la producción de la pastera a 1.200.000, sujeto a “requerimientos” ambientales que ahora la empresa de capitales finlandeses dice “haber cumplido”.

‘Se trata de un gesto inamistoso de parte de su gobierno en un tema que desde octubre de 2013 ha surgido como una nueva etapa de la controversia entre nuestros países en torno a la violación por parte del Uruguay del Estatuto del Río Uruguay‘, agregó Timerman.

UPM esta en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, frente a Gualeguaychú (Entre Ríos). Argentina asegura que la papelera contamina el fronterizo río Uruguay. ‘Esta nueva medida uruguaya -dijo Timerman- confirma la ruptura unilateral del mecanismo de consulta previa establecido en el referido Estatuto, que se encontraba en pleno desarrollo en octubre de 2013 cuando fue interrumpido de manera arbitraria por su gobierno‘.

‘Al igual que lo hiciera en mi nota del 15 de octubre de 2013, Argentina reclama que el Gobierno uruguayo deje de inmediato sin efecto esta nueva resolución y se atenga al cumplimiento de las normas contenidas en el Estatuto‘, sostuvo el canciller Héctor Timerman. Remarcó que ‘el Gobierno argentino ha decido recurrir en forma inmediata a la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento uruguayo del Estatuto del Río Uruguay y de la propia sentencia del Tribunal del 20 de abril de 2010‘. ‘Por último, comunico que el gobierno argentino procederá a reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con Uruguay, así como el funcionamiento de las respectivas comisiones binacionales‘, finalizó.

Argentina y Uruguay ya habían dirimido el caso en la corte internacional cuando la empresa comenzó sus trabajos para instalarse. En el 2010, la corte dictaminó que no había indicios de que la planta contaminara al río, pero dijo que Montevideo violó un acuerdo binacional al no consultar a Buenos Aires antes de permitir la construcción del establecimiento. Fuentes: Agencias