Firme en sus dichos, el gerente de la sucursal San Juan del Banco de la Nación Argentina, Roberto Rosso, no dio marcha atrás con la decisión de suprimir la fila prioritaria a quienes concurran a cobrar al Centro de Pagos de Avenida Libertador. Muy por el contrario, sostuvo que aplicará su propio criterio para decidir a quién se le otorga la prioridad y a quién no, independientemente de lo que establece la ley nacional 5425, que ordena atender en primer término a las personas con discapacidades. Molesto por las quejas de usuarios de la preferencia que fue eliminada, que motivó la intervención de la Dirección de Personas con Discapacidad y de la delegación local del Inadi, Rosso argumentó que "aquello es un Centro de Pago de jubilaciones, la gente que va no es como la que viene a la casa matriz, que es normal. Entonces yo me pregunto: te llega una persona manca de 60 años o uno de 50, que es sordo, ¿tiene prioridad sobre un anciano de 80 años? Yo sé que hay una ley, pero aplico mi criterio".
Rosso afirmó que "la prioridad se le otorgará según la discapacidad que tenga", para fundamentar la decisión tomada en el Centro de Pagos de dejar pasar primero solamente a quienes concurrieran en silla de ruedas o con muletas. "Si vienen con un carnet que dice que son discapacitados -dijo, en referencia a los certificados que expide el propio Gobierno- se verá quién puede hacer la espera y quién no. Yo no puedo tener una cola para los de 65 a 70 años, otra para los disminuidos auditivos, otra para los visuales".
El gerente aseguró que conoce la legislación vigente y que "la ley dice que en caso de discapacidad, deberá dársele la prioridad que corresponda. Ahora, yo creo que la prioridad, en todo caso, se la tiene que dar la gente que está en la cola y lo deja pasar. Es como en el supermercado: si uno está en la cola y viene una embarazada, es uno el que la deja pasar y no el supermercado".
Acerca de si los cajeros conocen las disposiciones vigentes respecto a la atención a discapacitados, Rosso dijo que "el cajero me avisó que había gente quejándose, y yo determiné este criterio. Y voy a seguir manteniendo la posición: van a pasar los que tengan discapacidades que no les permitan la espera y tampoco voy a hacer pasar con prioridad cuando se utilicen las discapacidades como herramientas para lograr preferencias. Para mí, es más discapacitado en cuanto a la espera un jubilado de 80 años que un sordo de 40".
Rosso también señaló que "no son los discapacitados los que tienen que venir a cobrar, para eso están los apoderados. Que los dejen en sus casas, hay millones de opciones que se pueden aplicar. Yo atiendo a la misma cantidad de gente: los atenderé antes o después. Pero no soy yo el que tiene que tener una persona específicamente para estos casos. Es el público el que tiene que hacerlo".
En tanto, la asesora legal del Inadi, Inés Cantoni, se presentó ayer ante el funcionario del Banco Nación, por un pedido de la directora de Personas con Discapacidad, Sandra Lirio. "El edificio en que se atiende a los discapacitados es el adecuado, lo que sucede es que ante diferentes situaciones de vulnerabilidad, como pueden ser la discapacidad o la ancianidad, hay distintos criterios de atención a cada uno". Cantoni explicó que van a realizar reuniones con el personal del Banco Nación para informarles de los alcances de la ley 5425, con el fin de formar recursos humanos en este sentido.