En un sorpresivo acto realizado en la Casa Rosada, la presidenta Cristina Fernández anunció ayer el envío al Congreso nacional de un proyecto de ley para expropiar el 51% del paquete accionario de YPF que detenta el grupo español Repsol, y tomó ayer el control de la compañía, al dictar su intervención por 30 días.
El precio que deberá pagar la Argentina por la compañía será tasado por el organismo estatal correspondiente.
Si se aprueba tal como está el proyecto, el Estado nacional compartirá ese 51% de las acciones con las provincias productoras de hidrocarburos de acuerdo a su participación en la producción nacional. En números generales esto implica un 26,03 para la Nación y un 24,99% para las provincias petroleras.
Una vez expropiadas las acciones, el Directorio de YPF quedará conformado por el Estado Nacional, los Estados provinciales productores de hidrocarburos (Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) así como por el sector privado, ya sea local o extranjero que esté en posesión de las restantes acciones.
La medida provocó una grave reacción en el gobierno español, que calificó la decisión argentina como ‘arbitraria‘, ‘hostil‘ y ‘discriminatoria‘ y anunció que tomará las medidas ‘que sean necesarias‘. EN tanto, la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, advirtió ‘la Argentina tendrá que justificar y asumir su decisión de expropiar el 51% de la petrolera YPF, en manos de la empresa española Repsol‘, y defendió un modelo energético de ‘competencia y acceso al mercado‘.
Al conocerse la noticia, las acciones de YPF se desplomaron en Buenos Aires y Nueva York y debieron suspender su cotización.
El proyecto ingresó en el Senado, donde hoy comenzará a ser tratado en comisión, mientras que el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Política Económica, Axel Kiciloff, tomaron el control de la empresa y ocuparon el edificio central de Puerto Madero, donde comenzaron a desfilar los gobernadores de provincias petroleras.
Cristina fundamentó la decisión al denunciar una ‘política de vaciamiento, de no producción, de no exploración‘ de Repsol, por la cual, de no adoptar esta medida, ‘prácticamente nos encontraríamos con un país inviable‘.
En el anuncio se indicó que el proyecto declara de ‘utilidad pública‘ y sujeto a expropiación los porcentajes de las acciones de YPF, que pasarán al Estado Nacional y las provincias productoras. Cristina afirmó que decretaron ‘de utilidad pública únicamente el 5% de las acciones que poseía Repsol, que tiene un 57%‘ en YPF y aclaró que ‘es el 51% para tomar el control (de la empresa) y no hemos afectado a aquellos, que de buena fe, compraron en la Bolsa (de Comercio), ni de ningún otro socio‘.
En este sentido, quedó fuera de la expropiación el paquete accionario del Grupo Pertensen, del empresario Enrique Eskenazi, dueño del Banco San Juan que conserva el 25,46%.
CFK advirtió que ese 51% de las acciones que serán expropiadas ‘no será manejado por un grupo empresario nacional ni internacional, sino por el Estado nacional‘, y garantizó que la compañía será ‘rentable‘.