Carlos Alberto Albornoz ofreció $1.000 como reparación simbólica del daño causado y hacer tareas comunitarias en una parroquia u hospital. Pedro Roldán igual suma y seis meses de trabajo en la parroquia San Francisco. Marcos Barragán y su mamá Miriam Quiroga unos $1.500, cada uno, y trabajos en la institución pública que decida el tribunal. Y Alejandra Dragui $1.500 en cinco cuotas por sus problemas laborales y labores en la Municipalidad de Rawson. Todos pretenden hacer esas tareas cerca de sus casas.
Sus propuestas son parte medular del pedido de probation, es decir del planteo de que los sometan a prueba con esas tareas durante el tiempo que estimen en la Sala I de la Cámara Penal (la integran los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Silvia Peña Sansó y Raúl José Iglesias). La idea es que les suspenden el juicio que tienen allí pendiente, por aquel magafraude millonario contra unas 200 familias entre marzo de 2009 y abril de 2010, a las que les prometieron, engañosamente, casas del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda).
Según fuentes judiciales, esa propuesta ya fue conocida por la fiscal del caso Alicia Esquivel Puiggrós quien pidió ‘mejorarla’, aunque hasta ahora el único que ofreció un aumento fue Roldán: $8.000, a pagar en ocho cuotas, precisaron.
Si al final la fiscal acepta y el tribunal también, la causa penal podría quedar en nada. En la práctica, implicaría que los acusados deberán trabajar en una institución pública el tiempo que ordene el tribunal (entre 1 y 3 años) y si cumplen con todas las obligaciones que manda la ley, el antecedente se les borrará de su planilla prontuarial como si nunca hubieran cometido ningún delito, indicaron.
Eso sí, no podrán recuperar los bienes que les fueron incautados durante la investigación.
Así, a los damnificados la única vía que les quedará para reclamar justicia será una demanda civil contra los acusados si acaso intentan recuperar la plata o los bienes que perdieron, dijeron voceros judiciales.
El sonado caso contra Albornoz, Barragán y su madre, Roldán y Dragui, estalló en abril de 2010. Entonces comenzaron a conocerse las denuncias de personas que dijeron haber entregado entre $7.000 y $20.000 (en efectivo, cheques, o transferencias bancarias) o vehículos por una casa del IPV.
El principal cabecilla era Carlos Albornoz, del ‘Movimiento Agropecuario Provincial’, en Rawson, alguien que decía tener aceitados contactos oficiales y en el IPV.
Contra él apuntaron los restantes cuatro imputados cuando finalmente lo detuvieron (estuvo prófugo), pero Albornoz se defendió culpándolos también.
Igual, las pruebas los complicaron y todos los denunciados quedaron procesados.