El conflicto que se originó entre dos jueces (uno ordinario y otro federal) para saber a quién le corresponde continuar la investigación de la megacausa de la conocida "mafia de las 4×4", podría llegar a ser dirimido finalmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así será siempre y cuando la juez provincial María Inés Rosselot insista en su decisión de no intervenir que tomó el 14 de setiembre pasado, porque entendió que hay una supremacía de delitos federales sobre los ordinarios de su competencia.
Sin embargo ayer el juez federal Leopoldo Rago Gallo resolvió que tampoco es competente para intervenir en esa causa, porque considera que la mayoría de los ilícitos de esa resonante investigación son ordinarios y prevalecen sobre los federales. Según fuentes judiciales, el juez sustentó su posición en fallos del máximo tribunal del país sobre casos similares.
Hasta ahora la "mafia de las 4×4" consta en un expediente de 16 cuerpos (casi 3.200 fojas), con 20 sospechosos indagados y el secuestro de numerosa documentación, vehículos (la mayoría camionetas robadas) motores y decenas de otras autopartes.
Todo se inició el 12 de julio pasado cuando encontraron en una finca de Ullum una máquina robada en Mendoza. Ese día hallaron también camionetas y motos robadas, y dos desarmaderos clandestinos. Y entonces se supo que ese lugar iban a parar camionetas robadas que luego eran usadas por sus repuestos o como mellizas, principalmente en el negocio de la minería.
La falsificación de un DNI y de títulos de vehículos y otros documentos nacionales, supuestamente cometidos por el prófugo Nº1 del caso, Guillermo Criscuolo, provocaron que la juez Rosselot entendiera que debía pasar la causa a Rago Gallo, pero este juez rechazó también hacerse cargo. Si ambos insisten en sus posturas, el conflicto llegaría al máximo tribunal del país.