Las caras del empresario Carlos Cassab y del dirigente social Roberto “Fido” Galván lo decían todo. Fiscalía solicitó este miércoles el agravamiento del delito que se les imputa y el juez Matías Parrón –que volvió a tomar las riendas del caso- hizo lugar. Ahora los tres acusados están señalados por promoción de la prostitución infantil pues la víctima tiene 14 años y se exponen no solo a penas de prisión efectiva, sino que altísimas, y en el caso de la mujer detenida el agravante de "explotación".

La otra novedad de la jornada es que se extendió la prisión preventiva -vencía mañana- por 6 meses. Eso sí, por pedido de la defensa del empresario, le concedió el beneficio de que la detención la cumpla en un domicilio y se hará con una pulsera electrónica para monitorear sus movimientos. La edad -73- y las condiciones de salud, los argumentos que pesaron en esta decisión.

Para que los fiscales avancen en este sentido, fue clave la declaración de la jovencita en Cámara Gesell el viernes pasado. Apuntó a Galván y Cassab como personas que tuvieron sexo con ella a cambio de una retribución económica o, bien, promesa de hacerle regalos o pagar gastos de su cumpleaños de 15.

De la investigación se desprende que Galván fue el que más veces buscó a la menor para tener relaciones “utilizándola como objeto sexual”. Fue, a la luz de los hechos, el que la tomó como a alguien a quien podía recurrir cuando quisiese tener sexo.

En el caso de Cassab, llegó a ofrecerle que escogiera “el regalo que quisiera” para su fiesta de 15. Así las cosas, entienden que la conducta de ambos fue clave para que la menor se inicie en la prostitución. En otras palabras, entienden que sin esa permanente insistencia la menor no hubiera dado lugar a la iniciación en la prostitución que, en condiciones normales (de plena libertad), no se daría.

Por esto es que argumentan que los hechos se encuadran en la figura típica de promoción de la prostitución de una menor de edad, descripta y reprimida por el Art. 126 último párrafo en función del Art. 125 bis, ambos del Código Penal.
Fuentes tribunalicias indicaron que los tres imputados se arriesgan a una pena de entre 10 y 15 años.