Llevaba unos seis meses como empleado del banco cuando la tentación por el dinero pudo más. Estaba en el sector de cobro de las tarjetas de crédito y comenzó a desviar algunos de esos ingresos a su propia cuenta o al saldo de su tarjeta. En numerosas operaciones tipo hormiga y tal vez en la creencia de que pasaría desapercibido, al cabo de 4 años se acreditó alrededor de 3 millones de pesos, y en esas operaciones también incluyó las cuentas de terceros, como la de un pariente, dijeron fuentes judiciales. Sin embargo el rojo en las cuentas llevó a una auditoría, el empleado quedó complicado y denunciado el 16 de enero de 2016. La consecuencia para él no podía ser otra: fue echado. Y no fue todo: al cabo de una investigación judicial, a Carlos Alberto Correa (40) no le fue bien y terminó procesado por defraudación por malversación de fondos. Así llegó a juicio en la Sala II de la Cámara Penal, donde intenta una última jugada legal para zafar de una condena: pedir la probation, es decir, que el juez del caso, Ernesto Kerman, le suspenda el juicio y lo someta a prueba con tareas comunitarias por un tiempo (la ley establece de 1 y 3 años) y en el que regularmente se le exigen reglas de conducta a cumplir.

Fiscalía está a favor de darle probation. El abogado del banco se opuso.

Según voceros del caso, Correa sólo ofreció realizar tareas comunitarias en el rubro administrativo en alguna entidad de bien público, pero ningún ofrecimiento monetario (la reparación del daño) como suele ocurrir en estos casos, con el argumento de que el banco ya cobró el seguro por ese dinero desviado. Además, dijo que desde que lo echaron no consigue trabajo estable y, por lo tanto, no tiene ingresos, precisaron.

En su planteo, dijo que podría alcanzar con un pedido de disculpas de su parte, "franca y expresa".

La fiscal Leticia Ferrón de Rago no se opuso a concederle esa salida al acusado, porque es la primera vez que está sospechado de cometer un delito y porque la maniobra que le atribuyen (estafa) permite una pena de ejecución condicional (sin encierro), entre otras razones.

El defensor Humberto Martínez Oro compartió el opinión de la fiscal, pero no el abogado del banco, Rubén Pontoriero.

El letrado de la parte querellante argumentó ante el juez que no corresponde otorgarle la probation porque no se dan los requisitos legales, como el hecho de que el sospechoso perpetrara de manera continuada la maniobra delictiva: "usó el trabajo para enriquecerse", dijo el letrado.

En la Justicia Civil, Correa ya fue demandado por la aseguradora que debió reponer el dinero al Banco San Juan.

Ahora, el juez debe resolver.