Negó con la cabeza cada tramo del relato de Fiscalía, en el que precisó las pruebas por las cuales lo considera autor de dos graves hechos que llevaron a meterlo preso el último viernes a las 18,10. A saber, los mensajes de Whatsapp que -sospecha- envió a la hija de la supuesta dueña que vive en la planta alta y quiere desalojarlo (él vive en la planta baja con su familia), para que la joven le entregara 3 millones (luego rebajó su reclamo a 1 millón) con tal de dejar el inmueble, advirtiéndole que, de no hacerlo, mandaría a robarle como ya lo había hecho o pondría en su contra más denuncias. El otro foco de sospechas de los fiscales coordinadores de la UFI de Delitos Genéricos, Daniela Pringles e Ignacio Achem, es que el vendedor ambulante, Eduardo Bazán (49), usó el mismo teléfono Samsung para llamar luego al 911 y advertir que había visto y conversado con un hombre, que le confesó haber puesto bombas en el segundo piso del Centro Cívico, el edificio de Tribunales y el centro de salud Báez Laspiur, Chimbas.

Un total de 7 celulares secuestrados en la casa del sospechoso, otros 4 en la de sus padres (aún se debe establecer si alguno de esos fue usado en la maniobra), 13 chips y el convencimiento de que la voz de las llamadas al 911 es la de Bazán, se cuentan entre las pruebas citadas ayer por Fiscalía para imputarle los delitos de intimidación y perturbación del orden público y, además, la presunta coacción contra la hija de la supuesta dueña de esa casa situada en el 1324 Norte de Tucumán, en Concepción, Capital.

Además, el equipo fiscal consiguió que el juez, Juan Gabriel Meglioli, le dictara 30 días de prisión preventiva a Bazán, por entender que si está libre pondrá en riesgo la investigación, ya que resta analizar prueba digital y establecer si hubo más cómplices, algo posible para los investigadores.

“Soy inocente, no tengo nada que ver con esto que se me acusa. Yo voy de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa”, dijo Bazán ante el juez.

A renglón seguido, sus defensores, Eduardo Sait y Jorge Gil, rechazaron la teoría fiscal y se opusieron también a que su cliente quede preso. Según los defensores, todo lo que le atribuyen fue gestado por la supuesta dueña de la casa con la que empezó a tener problemas desde enero pasado. En sintonía con ese relato, aseguraron que su cliente tiene contrato de alquiler hasta 2025. Que con la facilidad de los adelantos tecnológicos es posible que alguien se hubiera hecho pasar por Bazán, colocando la foto de su mujer y su nombre en el contacto de Whatsapp de los mensajes coactivos. Que no es la voz de Bazán la de los llamados por las amenazas de bomba, porque el tono es de “alguien autóctono” y el imputado tiene un tono aporteñado porque vivió en Buenos Aires.

Y porque a la hora de los llamados de las falsas amenazas de Bomba, Bazán salió de su casa con una hormigonera rumbo al barrio Dorrego para que la reparasen. “Eso lo pueden confirmar en las cámaras de seguridad y a los policías que había en la puerta de su casa”, dijo Sait.

“Esto es una falsa denuncia, y una cosa es hacer Justicia y otra hacer daño, como el que se le está haciendo a Bazán”, dijo Jorge Gil. Apelarán la prisión preventiva.