El Instituto Provincial de la Vivienda quedó otra vez en el ojo de la tormenta, ahora por una presunta estafa que involucra a un empleado de 64 años de ese organismo que está sospechado de coimear por 150.000 pesos a tres hermanos a los que les había prometido las adjudicaciones de tres viviendas.
Los denunciantes hasta presentaron recibos por el dinero que dieron y en los cuales aparecería la firma del imputado. Por orden del juez Maximiliano Blejman ayer allanaron la oficina del IPV donde trabaja el denunciado y le secuestraron 9.500 pesos en su escritorio, además de documentación y una computadora que serán peritados, informó la Policía.
El que está en la mira es Alberto Oyola, un empleado del IPV que por ahora no fue detenido. Podrían achacarle el presunto delito de cohecho, que es citado en el artículo 256 del Código Penal y se refiere al funcionario público que recibe dinero para prestarse a una maniobra ilícita.
En el marco de esa línea investigativa también pueden quedar involucrados los tres denunciantes, de apellido Baldán, quienes reconocen haber entregado plata al principal sospechoso, según fuentes policiales. Y es que en el artículo 258 del CP habla de las penas que existen para aquellas personas que dan u ofrecen el dinero al funcionario público.
En julio del año pasado estas personas le pagaron 25.000 pesos cada una, es decir un total de 75.000, y en septiembre le entregaron otros 75.000, según los investigadores. La denuncia señala que en esa última ocasión el empleado del IPV les entregó unos recibos por el pago, indicaron.