Los propietarios de un terreno en Rawson (una hectárea y media) que pretenden dividir en lotes para cumplir con el sueño de la casa propia, pidieron ampliar la investigación que ya concreta la UFI de Delitos Especiales contra Sonia Graciela Díaz y su hijo Gerardo David Carrizo Díaz, ambos abogados, por usar tres documentos con firmas falsas en el juicio civil en el que patrocinan a una de las propietarias de ese terreno, que se opone al parcelamiento. Según la nueva denuncia, realizada el 27 de julio pasado, encargaron un peritaje y el experto concluyó que es de la abogada y no la de su clienta, la firma que consta en una apelación ante la Cámara Civil. En el escrito presentado en Fiscalía, aseguran que son 6 las firmas con la misma modalidad. Por eso solicitan incluir como sospechosa a la clienta de los letrados, Susana Cabaña. Y que los pesquisas al mando del fiscal Renato Roca (UFI de Delitos Especiales) realicen un peritaje caligráfico oficial a la abogada para comprobar lo que dicen.
Los denunciantes, encabezados por la ingeniera Zulma Ledesma, son un remanente de los 156 damnificados inicialmente (muchos ya fallecieron) con el sueño de la casa propia a través de la firma ‘Condor Propiedades’, una estafa millonaria perpetrada hace más de 35 años, que quedó prácticamente en nada, pues solo pudieron rescatar esa hectárea y media que ahora pretenden fraccionar en 46 lotes pues, aseguran, es la única manera de poder incluirlos a todos.
‘Estamos convencidos de que detrás de esta insistente oposición hay un trasfondo económico, no sabemos cuál, pero estamos seguro que esta señora y sus abogados buscan que nos rematen el terreno. Ella dice que le corresponde un lote entero, pero la forma en que se convino el parcelamiento (3 o 4 dueños por lote) es la única que los incluye a todos y no es verdad que eso le provoque un daño como dice’, aseguró Zulma Ledesma.
Y agregó: ‘Esta señora apareció en la segunda etapa del juicio civil, cuando debíamos acordar cómo hacer la división parcelaria, pero nunca opinó, nunca fue a una reunión y nunca puso un peso, nosotros llevamos gastados más de 10 millones en obras de urbanización, impuestos y otros gastos’.
El 21 de junio pasado, el fiscal Roca le pidió al juez de Garantías, Andrés Abelín Cottonaro, que les impute a los abogados el delito del artículo 292 última parte del Código Penal, que alude al ‘empleo de un instrumento privado adulterado de manera que pueda resultar perjuicio’. A esa sospecha llegaron tras un peritaje oficial que confirmó la existencia de firmas falsas en el juicio civil.
La defensora oficial María Emilia Nielson (abogada de la Parte Querellante, los denunciantes) entendió que además cabía imputarles una presunta estafa procesal. Fiscalía tiene desde junio, 6 meses de plazo para determinar si la abogada y su hijo deben ser enjuiciados.