Más de 30 lesiones, algunas antiguas y crónicas. Otras recientes. En su rostro, en sus brazos y piernas, en el abdomen y la espalda, en el cráneo. Las más graves: dos costillas fracturadas, el bazo y un riñón rotos, hematoma en intestinos, una lesión cerebral. A causa de estas últimas heridas la pequeña Alina Suárez Romero (apenas 2 años) murió el pasado 14 de abril en Caucete. Pero la causa penal iniciada para esclarecer el caso aún es polémica: el juez que investiga, José Atenágoras Vega, metió presos al padrastro y a la madre de la nena porque sospechaba de ambos como autores de un homicidio. Pero el pasado 12 de agosto los liberó por falta de pruebas para imputarlos como autores de esos golpes letales a los que, en base a un informe médico, creyó no compatibles con sus puños y sí probables con una caída por proyección: desde una mesa a una silla y finalmente al piso, porque supuestamente solía subirse a la mesa a bailar.
Sin embargo dos fiscales insisten en que el hecho fue un homicidio que debe tener procesados y presos como presuntos autores a los excarcelados: Sonia Marisol Romero (la madre, 22 años) y a su pareja Nicolás Agüero (padrastro, 29).
El fiscal de Instrucción Daniel Guillén apeló porque entiende que ambos imputados son posibles autores de un crimen, en base a varias pruebas, como el mismo informe de la autopsia en el que -opina- se concluye que no se puede excluir que haya sido golpeada por los responsables de su crianza, más allá de que sus puños no coincidan con las lesiones. Y porque considera que tantas heridas no pudieron producirse en una sola caída.
Guillén resalta así las declaraciones de los médicos que atendieron a la nena en Caucete. O el del hermanito mayor, en el que asegura que Agüero golpeaba a su hermanita. O el de una vecina que declaró haber visto a la madre golpeando a ambos niños y saber que el padrastro no los quería. O el del padre de los chicos, que aseguró haber visto a su ex y a su pareja pegándoles a sus hijos.
El fiscal Guillén presume que Agüero es un sujeto violento y agresivo, sosteniéndose en las causas por lesiones que registra en cuatro juzgados, o las investigaciones en su contra por resistencia a la autoridad daño y amenazas.
También resaltó las contradicciones de la imputada, como haber dicho que el día de la muerte de su hija fue al registro civil cuando en realidad había ido un día antes. O las versiones confusas y dudosas que la joven dio a los médicos cuando le preguntaban qué le había pasado a la nena.
Por todo eso, para Guillén es claro que si la resolución no es revocada por lo menos se debe sancionar la falta del deber de cuidado de los imputados, porque una vez producida la caída no la llevaron en el acto al hospital y sí cuando estaba inconsciente, varias horas después, sometiéndola así a una situación de abandono y desamparo que ya era constante teniendo en cuenta las numerosas lesiones de antigua data en su cuerpo.
La fiscal de Cámara Alicia Esquivel Puiggrós ya sostuvo el reclamo de Guillén ante el tribunal. Y allí pidió declarar nulo el fallo del juez Vega, por arbitrario e infundado ya que -aseguró- no valoró pruebas contundentes o no dijo por qué las desestimaba.
Así, por ejemplo, resaltó que no citara a declarar al juzgado a una vecina que aseguró ver malos tratos de Romero contra los niños. O no tener en cuenta, entre otros, el testimonio de la abuela de la víctima, que declaró haber escuchado de su nieta cómo señalaba a su padrastro como autor de los golpes.
Esquivel también resaltó los informes psicológicos de ambos imputados, en el que Agüero es descripto con rasgos psicopáticos, impulsivo e incapaz de planificar su futuro. Y Suárez como una mujer inmadura y dependiente de su pareja. Ahora, un tribunal debe resolver.