Cuando Fiscalía profundizó la investigación a partir del reporte inicial de ‘Missing Children’ sobre la circulación en redes sociales de pornografía infantil que involucraba a un sanjuanino, los resultados fueron corroborados. Y de sobra: pues a los 43 archivos informados por ese organismo internacional que lucha contra el abuso y la explotación infantil, los pesquisas locales sumaron el secuestro de un teléfono en el que había unos 7.000 archivos de pornografía (muchos de ellos con niños como víctimas); también incautaron una computadora y un pendrive en el que hallaron los mismos contenidos detectados por Missing Children.
La investigación arrojó otro dato: la gran cantidad de material encontrado, era traficado en diferentes grupos de dos redes sociales: Telegram y WhatsApp. Ayer, la intención del fiscal Eduardo Gallastegui y los ayudantes fiscales Daniela Pringles y Fernando Guerrero, era reajustar la calificación delictiva e imputarle a Rodrigo Arroyo (21 años, estudiante) la tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil con fines inequívocos de distribución, agravado porque en varios de esos archivos las víctimas eran menores de 13 años.
El imputado será abordado durante 8 meses por una psicóloga y deberá informar si se recupera o no.
Pero a través de su defensor Gustavo Sánchez, el joven involucrado decidió que lo mejor era acordar un juicio abreviado, que como puntos importantes incluía admitir su autoría se delito, aceptar una condena de 2 años en suspenso (sin encierro) y 8 meses de tratamiento psicológico para intentar recuperarse de su excesivo consumo de porno infantil. Así se pactó y así lo ratificó finalmente el juez Matías Parrón.
Al comenzar la investigación, el 28 de abril pasado, Arroyo pasó 74 días preso en una comisaría. Luego pasó a tener prisión domiciliaria. Ayer quedó libre, pero deberá cumplir reglas de conducta e informar los resultados del tratamiento psicológico que él mismo propuso como parte del acuerdo de juicio abreviado.