El ginecólogo riojano Carlos Martínez, quien tiene sobre sus espaldas 13 denuncias por abuso sexual en distintos centros de salud de San Juan, lleva exactamente una semana en el Penal de Chimbas, alojado en el pabellón de delitos sexuales del Servicio Penitenciario.

De acuerdo a lo que averiguó DIARIO DE CUYO, la actitud del profesional tras las rejas viene siendo consecuente con la que tuvo desde que se entregó en la Central de Policía. Se muestra tranquilo,  comunicativo y hasta el momento no ha sufrido agresiones, a veces frecuentes cuando se trata de nuevos internos que llegan con una reputación tan pensada vinculada a temas sexuales, explicaron.

El fin de semana recibió la visita de familiares quienes le trajeron distintas cosas para hacer más llevadera su estadía en el Penal. No trascendieron los nombres pero sí se sabe que fue de su entorno más íntimo.

Mantiene comunicación con los otros internos, concurre al patio y se muestra tranquilo, de buen ánimo, explicaron.

Esta actitud casi inmutable dentro del Penal la tuvo ante el juez jachallero Pablo Oritja y cuando estuvo frente al juez Guillermo Adárvez en momentos que le leyeron las denuncias. En esa oportunidad -fue durante casi 3 horas- Martínez no habló, no hubo gestos, sólo agachó su cabeza cuando le detallaron los dichos de algunas de las denunciantes.

Sobre las acusaciones

El riojano Carlos Martínez no quiso todavía defenderse. Tanto en los delitos que le endilgan en Jáchal como en la ciudad de San Juan, la decisión fue no hablar. Esperar, armar la estrategia de defensa y luego dar su versión en cada una de las acusaciones.

En el departamento norteño lo acusan de 3 delitos sexuales, en la jurisdicción capitalina de 7 hechos de posible abuso sexual y otro de estafa contra pacientes. Y por ahora (resta indagarlo por otros tres episodios).

La escala penal de los delitos que le atribuyen tiene un mínimo de 8 años de cárcel y supera los 100 años de cárcel (esta cifra surge de sumar los máximos de cada delito), aunque en Argentina, por ley, no podrá recibir una pena mayor a 50 años, si es que en un eventual juicio resulta condenado.

Ya en Jáchal el juez Pablo Oritja había calificado por lo menos uno de los tres supuestos ataques sexuales con la modalidad equiparable a una violación (por la introducción de dedos). Adárvez entendió también que dos de los episodios que le atribuyen debían recibir esa calificación, indicaron fuentes judiciales.

Esos delitos se castigan con penas de 6 a 15 años de cárcel, pero el juez consideró que otro de los hechos fue un abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el daño en la salud de la víctima y ahí las penas suben: de 8 como mínimo a un máximo de 20. Los otros cuatro hechos fueron tipificados como abuso sexual gravemente ultrajante.