Había cierto parecido -eso dicen los pesquisas- entre la foto del DNI de Facundo Riveros con la del chofer desocupado Alfredo Rogelio Sosa (44). Y esa “semejanza” más un recibo de sueldo presentado por Sosa, resultó exitosa en un comercio de Albardón, donde accedieron a entregarle un acondicionador de aire de pared y dos teléfonos celulares. Pero la mentira no tardaría en ser descubierta, porque el dueño del DNI fue hasta Albardón cuando le pidieron confirmar sus datos y allí negó que hubiera sido él quien sacó ese crédito por $1.245.499, porque había extraviado su documento como un año atrás. Y cuando ese hombre denunció (también lo hizo el comerciante), pronto descubrieron quién era el embaucador, Sosa, porque en el local había dejado su número telefónico y porque en uno de los dos comercios del microcentro capitalino donde intentó, sin éxito, hacer lo mismo, le habían sacado una foto.
No fue todo, los pesquisas dirigidos por el fiscal coordinador de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Silvina Putelli, allanaron la casa de Sosa en Chimbas y allí secuestraron un teléfono que uno de sus nietos arrojó a la casa de un vecino.
Acorralado por la evidencia, Sosa se entregó con su abogado, César Jofré, el miércoles al mediodía. Ayer, admitió su autoría en la estafa y en los dos intentos de fraude en un juicio abreviado. Y la jueza Verónica Chicón le impuso la pena que aceptó cumplir: 6 meses de prisión en suspenso (sin detención) y 2 años de reglas de conducta.