La última audiencia para decidir si el médico forense Eduardo Miguel Angel Recabarren (58) deberá defenderse en un juicio oral por abusar de una niña pariente suya, terminó en una polémica jurídica entre Fiscalía y Defensa. Es que el fiscal de la UFI ANIVI Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Paula Aarredondo pretenden que el profesional sea enjuiciado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante (al menos 10 hechos) agravado por la guarda, y que al cabo de ese debate un juez le imponga 9 años de cárcel. Pero ayer la defensa cuestionó esa intención fiscal, con un doble ataque: dijo que de la investigación encarada por Fiscalía sólo se desprendía que pudieron existir dos hechos en concreto y que los demás episodios no estaban determinados en forma precisa y circunstanciada, de manera que permitan una defensa sin que se vulnere el debido proceso legal y los derechos y garantías de su cliente. También argumentaron ante el juez Diego Sánz que si se tienen en cuenta esos dos episodios, el posible delito no es gravemente ultrajante sino episodios de abuso simple.

El fiscal Gallastegui ratificó que la acusación es clara ("no se le pude pedir a una niña vulnerable que dé precisiones", dijo) y pidió rechazar el planteo defensivo, porque implicaría que el juez se exceda en sus funciones y valore la prueba, algo que está reservado para el futuro juicio y no en esta etapa que sirve para clausurar la investigación.

La defensa a su turno argumentó que el magistrado sí puede hacer un reajuste en la calificación del delito, porque ninguna norma se lo prohíbe. El caso se definirá hoy en la mañana.

Los hechos que complican a Recabarren se habían conocido el 17 de noviembre pasado, en la escuela a la que concurre esa niña que hoy tiene 12 años. Fue en las "Jornadas de Buen Trato" que una docente la vio triste y le preguntó qué le ocurría. Entonces la niña dijo que un pariente la había manoseado entre los 6 y los 8 años y lo reiteró ante la directora. Más tarde, aportó más detalles ante una psicóloga del ANIVI que los calificó como creíbles.

Tras la denuncia, el médico pasó casi dos meses con prisión preventiva domiciliaria.