Habían pasado 6 años de una convivencia marcada por la violencia, al punto que ella lo denunció 11 veces antes de terminar con la relación, ya con dos hijos en común. Pero los conflictos no pararon y dos años después de la separación, ocurrió lo peor: el 9 de enero de 2016, en la tarde, él llegó a visitar a sus hijos pero se los llevó sin el permiso de su madre. Preocupada, Claudia Marcela Suárez lo llamó sin tener respuesta y salió en moto a buscarlos, hasta que los halló con su ex, borracho, en una casa del barrio Teresa de Calcuta, Pocito. Quiso llevarse los niños pero recibió insultos, golpes, amenazas hasta que intervino otra hija de su expareja, Ariel Benito Gómez (39) y pudieron partir, pero antes de llegar a su casa en el barrio San Martín Sector II, en Pocito, el sujeto volvió a cruzarla y otra vez hubo problemas. Entonces apareció Domingo Suárez (75) el padre de la mujer, con intenciones de llevársela. Pero recibió insultos, amenazas de muerte y en el más leve descuido un fuerte golpe con una piedra en su rostro. Cuando quiso reponerse recibió otro que lo tumbó y lo noqueó. Una fractura múltiple en su nariz y otra más en su maxilar le dejó al anciano aquel ataque traicionero, y desde entonces comenzó a tener serios problemas de salud.
En los primeros minutos del 13 de febrero, un mes después, su corazón no aguantó y murió. Pero ni aun así Gómez dejó de acosar a la familia de su ex: en pleno velorio, apareció por la ventana de la casa de Domingo a las 7 de la mañana y disparó: "Ya el viejo hijo de p… ya está muerto, ya está en el cajón y ahora seguís vos (le dijo a su ex) y al que se meta le va a pasar lo mismo, sea quien sea", dijo, aludiendo a María Cristina Suárez, su excuñada.
Entonces Gómez cayó preso. Y luego de defenderse, quedó acusado de tentativa de homicidio, lesiones y amenazas contra su ex y coacción contra su excuñada. Ayer confesó esos delitos ante la jueza Silvia Peña Sansó de Ruiz (Sala I, Cámara Penal) y ratificó el acuerdo de juicio abreviado con la fiscal Marcela Torres, en el que acepta 8 años y 6 meses de cárcel. La jueza debe resolver.