Una supuesta infidelidad de su pareja había provocado que la joven madre y sus 7 hijos se fueran de su casa a la de su mamá, en febrero de 2017. Al cabo de un mes, la relación pareció recomponerse y decidió volver. Fue en ese momento en que una de sus hijas, por entonces de 14 años, se resistió a ese regreso y le contó a su abuela que actuaba así porque su padrastro abusaba de ella. El asunto pareció quedar ahí nomás porque cuando la abuela pidió explicaciones, su hija le dijo que estaba al tanto, pero que se había tratado de un manoseo. Sin embargo los problemas subsistieron, pues los niños no se sentían a gusto con esa segunda parte de la convivencia y en julio de aquel 2017, los problemas estallaron, al punto de que la mujer echó de su casa a los chicos. Aquel día, el 31 de julio, la niña de 14 años le contó sin medias vueltas a su abuela, que su padrastro en realidad la violaba. Y ese mismo día hubo denuncia en el Anivi.

El testimonio de la niña ante una psicóloga permitió a esa profesional conocer que los manoseos habían comenzado cuando tenía 9 años. Que a los 13 las cosas se complicaron para esa menor porque su padrastro empezó a violarla. Que los ataques de ese tipo habían sido por lo menos 10. Y que todo paró en febrero de 2017, cuando su mamá y su padrastro se separaron por primera vez.

Fue la abuela de la menor la que llegó hasta el Anivi a denunciar cuando su nieta le contó lo que había sufrido.

La valoración de la psicóloga sobre la veracidad de los dichos de esa niña fueron una de las pruebas claves para que un juez ordenara procesar con prisión preventiva a ese sujeto. La otra evidencia contundente que pesó en su contra fue el informe de un médico, que describió el tipo de lesiones de antigua data que presentaba la menor y no dejaba dudas sobre la causa: un ataque sexual.

Hasta el momento en que la echaron de la casa, la niña no había dicho nada a nadie porque temía que se hicieran ciertas las amenazas de ese sujeto de dañarla a ella o hacerle algo a su mamá, consta en el expediente.

La fiscal Marcela Torres acordó con el imputado y su defensor la culminación
del proceso con un acuerdo abreviado.

Ahora que el caso llegó a juicio en la Sala I de la Cámara Penal, el imputado (no mencionado para preservar a la niña y sus hermanitos) decidió a través de su abogado defensor, Juan Carlos González Riutort, que lo más conveniente era acordar un juicio abreviado con la fiscal Marcela Torres. En ese convenio, el acusado admitió que cometió numerosos ataques sexuales contra su hijastra y que está dispuesto a recibir 12 años de cárcel.

El acuerdo ya fue ratificado ante el juez Víctor Hugo Muñoz Carpino, quien deberá resolver si lo acepta o lo rechaza. Si lo admite, no podrá imponerle al acusado una condena mayor.