El juez federal Leopoldo Rago Gallo había procesado a cinco policías y un narco por negociar con drogas.

 

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza rechazó los reclamos del exjefe de la Seccional 17ma de Chimbas y el de otros cuatro policías que trabajaban bajo sus órdenes en la brigada de calle de esa sede policial, para intentar despegar de la grave acusación de dar protección y beneficiarse con los negocios del narcotráfico. Así, el tribunal confirmó el procesamiento con prisión preventiva que les dictó el juez federal Leopoldo Rago Gallo por considerar que liberaban zonas para que al menos un narco pudiera vender estupefacientes sin ser molestado en Chimbas, dijeron fuentes judiciales.

De esta manera, el comisario Rodolfo Andrada seguirá preso por la presunta comercialización de estupefacientes, doblemente agravada: por el número de personas y por ser funcionario público. La misma calificación les había impuesto el magistrado al oficial ayudante Gabriel Cristofoletti, al cabo Martín Leonardo Tello y a los agentes Juan Alberto Poblete y Juan Alberto Figueroa. Este último efectivo, también seguirá procesado por acopio de municiones de arma de fuego y por tener ilegalmente en su casa los DNI de tres personas, precisaron las fuentes.

El exjefe de la Seccional 17ma comisario Rodolfo Andrada, está sospechado además de extorsionar a un preso.

 

El fallo del tribunal mendocino también alcanzó al sujeto que quedó sospechado de comerciar con los policías, Juan Francisco Ramos Olaya. Y a un tío de Cristofoletti, el sargento primero Carlos Alejandro Cristofoletti (está excarcelado) por tenencia de marihuana y acopio de municiones de arma de fuego, indicaron.

El escándalo que involucró a los exmiembros de la Seccional 17ma había estallado el 21 de marzo pasado, luego de una serie de escuchas telefónicas que habían puesto en evidencia los tratos entre los policías y el narcotráfico.

Y no sólo eso: el comisario Andrada también quedó señalado por la presunta extorsión a un preso de otra comisaría, a quien le exigía $50.000 a cambio de liberarlo.

Las escuchas revelaron también una maniobra igual de grave: la sospecha de que Andrada y compañía habían plantado un arma al principal sospechoso de haber matado a una mujer en los últimos festejos por el carnaval en Chimbas. Esta última causa es investigada en la Justicia provincial.