Sólo tenencia. Cuatro policías fueron castigados por tener droga en la seccional.

Los jueces Hugo Echegaray, Alberto Carelli y María Paula Marisi (Tribunal Oral Federal) resolvieron ayer que no probó que, entre marzo de 2016 y el 21 de marzo de 2017, un comisario y cuatro policías de la brigada de seccional 17ma. se organizaran con un supuesto narco de Chimbas, para que les diera datos de otros traficantes a los que les sacaban la droga y se la daban a él para revenderla y repartirse la plata de la venta. Esa hipótesis tambaleó la semana pasada, cuando la fiscal federal subrogante Gema Guillén, pidió condenar a tres de esos efectivos a 4 años y 6 meses, sólo por tener unos 22 gramos y unos 5 porros en una oficina de los policías de calle de la seccional, sumándoles los delitos de sustracción de medios de prueba y encubrimiento.

En su alegato, solicitó 6 años para el otro acusado, al que agregó los delitos acopio de munición y tenencia ilegal de dos DNI.

Pidió castigar también al comisario Rodolfo Andrada a 2 años, pero por no cumplir sus deberes de funcionario público al no controlar a sus subalternos. Y solicitó 6 años de cárcel al supuesto narco Juan Francisco Ramos Olaya, por comercio de droga (le hallaron 8 gramos).

Pero ayer, el tribunal entendió que cabía absolver por el beneficio de la duda al comisario Andrada.

Aplicó 2 años y 3 meses de pena más una multa de $2.000 a Ramos Olaya, sólo por tenencia simple de droga. Anoche quedó libre.

Y condenó a 3 años y 6 meses más el doble de inhabilitación para ocupar cargos públicos y $4.000 de multa al oficial Franco Cristofoleti, al cabo Martín Tello y al agente Juan Alberto Poblete, por la tenencia simple de esos 22 gramos y los 5 porros en la seccional 17ma, y los delitos de sustracción de medios de prueba e incumplir sus deberes de funcionarios.

El oficial Juan Antonio Figueroa recibió la pena más alta, a 3 años y 9 meses (más el doble de inhabilitación y $5.000 de multa), porque en su casa tenía un tubito con restos de cocaína y dos DNI que no eran suyos.

El tribunal ordenó, como pidió Fiscalía, investigar a otro policía y al dueño de un auto secuestrado en el que esa vez hallaron 53 g de marihuana.