En el 2012, la enóloga Laura Caputo convenció a su marido para volver a apostar por su país, Argentina, después de 10 años en España. Fue como empezar otra vez. Y tuvieron que alquilar, pero entonces surgió la posibilidad de una casa propia a través del gremio de los camioneros, Stotac, que por una entrega inicial y cuotas, les vendía un terreno en el que luego el IPV construiría las casas. En 2013 empezó a pagar y canceló el precio de entonces, unos $25.000, pero luego de múltiples promesas y reclamos, nada. El viernes asistió a la entrega oficial de viviendas en ese barrio de 385 casas, el Stotac II, ubicado en General Acha, entre Progreso y Agustín Gómez, para acompañar a su hija, que acordó con el mismo gremio en 2018 y sí consiguió una vivienda.

"Es muy injusto todo esto, nosotros apostamos nuestros ahorros para tener una casa propia y en el IPV ni sabían que existíamos. Pero alguien va a tener que responder", dijo la profesional, que está a punto de jubilarse.

Lo mismo le pasó al mecánico Iván Rodena. En 2012, por un amigo camionero, se enteró de la operatoria y con gran esfuerzo canceló el pago del terreno que en principio sería de 600 metros cuadrados y estaría en El Medanito, pero luego redujo sus dimensiones y cambió su ubicación. Confiado, no buscó otra operatoria para tener su casa y así dejar de vivir con su esposa y sus tres hijas en la de su mamá. Lo curioso fue que su hermana, que se inscribió después en el mismo gremio, sí consiguió una vivienda.

"Fui a reclamar como cuatro o cinco días seguidos al gremio y al final me sacaron del brazo dos patovicas, como si fuera un delincuente. Dejate de hinchar las pelot... me dijeron. Acá tiene que quedar claro que esto no fue un error, fue premeditado, el señor Ricardo Cardozo (secretario general del gremio) se encargó de sacar postulantes legítimos para poner gente suya... somos como 40 perjudicados", relató Rodena, indignado.

Caputo y Rodena son cuatro de los denunciantes patrocinados por el abogado Leonardo Miranda. Otros dos denunciantes los representa el letrado Gustavo de la Fuente.

En los próximos días se sumarían las denuncias en la Fiscalía de Instrucción en turno. Ayer, este diario intentó comunicarse con Ricardo Cardozo, pero no respondió llamados.