Matías Bigorado y Cristian Ontiveros usaron cejas, bigotes y pelo postizo. Todo lo frustró un transeúnte que vio algo raro, se metió y avisó a la Policía.

Matías Bigorado (43) el bonaerense que encabezó la histórica fuga de 26 presos de la cárcel de Chimbas luego de tomar a un juez, cinco periodistas y cinco penitenciarios como rehenes, el 3 de noviembre de 1999, recibió ayer un duro castigo por robar a punta de arma, con dos cómplices, la casa de giros monetarios "Magui Express" en pleno microcentro (Ignacio de la Roza metros al Este de la Plaza 25 de Mayo) el pasado jueves minutos antes de las 11 de la mañana. Por ese hecho, Bigorado recibió 13 años de cárcel, igual que uno de sus cómplices, el cordobés Cristian Fabián Ontiveros (44), que como antecedente registraba una condena de 16 años y 3 meses de reclusión de 2007.

Pero el más complicado ayer resultó Bigorado, pues el último castigo se le unificó con otro de más de 9 años de 2008, que recién iba a cumplir el 7 de noviembre próximo, dijeron fuentes judiciales. Previo a esa condena, registraba otra pena unificada de 23 años y 4 meses de cárcel, pero había comenzado con salidas transitorias en 2016.

El debate inició ayer con la acusación del fiscal Iván Grassi (con su ayudante Nicolás Schiatino), para que el juez de Flagrancia Carlos Lima intervenga, y para que el caso sea calificado como robo agravado por el uso de una arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra agravado, pues Bigorado y Ontiveros fueron capturados instantes después con los $50.000 sustraídos y con una pistola 9mm y un revólver calibre 38, cargados.

Pero el defensor oficial de ambos, Alejandro Martín García (actuó con la defensora Mónica Sefair) se opuso: dijo que del concurso de ambos delitos resultaba un total de 30 años y que, por lo tanto, el caso excedía el fuero de Flagrancia. También se opuso a calificar el hecho como robo agravado y, además, portación ilegal de armas de guerra, pues en su opinión la segunda figura quedaba absorbida o subsumida en el delito de robo.

Pero Fiscalía insistió en la competencia de Flagrancia tras remarcar que la ley fijaba un tope de 20 años para cada delito y en este caso ese máximo no se superaba. Y el juez Carlos Lima le dio la razón.

Lo curioso fue, tras oponerse, el defensor oficial acordó calificar el hecho como robo y también como portación ilegal de armas.

Ahora, el caso seguirá en la Justicia Ordinaria para saber quién es el prófugo y si hubo más cómplices.