El problema estalló cuando una de las chicas, ya de 21 años y embarazada de 8 meses de su novio, entró en un estado de crisis que la llevó a romper el antiguo pacto de silencio con sus tres hermanas: aquel día de marzo del año pasado, le contó a sus padres que no había podido superar las situaciones de abuso (besos, manoseos y tocamientos con genitales) a las que la había sometido su tío entre los 11 y los 13 años, cuando iban a quedarse a la casa de su abuela en Chimbas. También dijo que sus tres hermanas habían pasado por lo mismo y, al averiguar, sus padres descubrieron que una de ellas había sido víctima de otro tío.

En el acto hubo denuncia, pues esa verdad resultó muy indignante ya que las cuatro hijas del matrimonio habían atravesado los mismos padecimientos a manos de sus íntimos parientes. Aquella vez, sólo una de las jóvenes, hoy de 25 años, dijo que aportaría su testimonio pero no se presentaría como damnificada porque había superado esa etapa y necesitaba continuar con su vida.

Las otras tres hermanas, en cambio, sí declararon y los informes psicológicos confirmaron que no fabulaban. Es más, en el caso de la menor de las chicas, entonces de 17 años, la experiencia que sufrió cuando tenía 5 años había sido tan dañina, que llegó a tener ideas suicidas, dijeron fuentes judiciales. Esa chica refirió tres hechos de abuso con el mismo tío que abusó de su hermana, incluso aludió haber sido obligada a practicar sexo oral.

Cuando el caso llegó a la Justicia, fue posible detener e investigar a uno de los tíos, un empleado de una fábrica, hoy de 44 años. El otro, se dio a la fuga y cayó la semana pasada (ver aparte) justo cuando su hermano comenzó a ser enjuiciado por los jueces Maximiliano Blejman, Eugenio Barbera y el subrogante Matías Parrón (Sala III, Cámara Penal).

El enjuiciado, al caer, negó haber cometido ultraje sexual alguno contra sus dos sobrinas. Dijo que todo era mentira, que lo denunciaban porque su hermano no tenía trabajo y él les había dicho que ya no podía ayudarlos, y porque concurrían a un templo religioso en el que les cobraban.

Sin embargo, las pruebas lo complicaron y por eso, a través de su defensor Leonardo Villalba, acordó un juicio abreviado con el fiscal José Eduardo Mallea, en el que aceptó 9 años y 2 meses de cárcel, la pena que le impusieron ayer.