El escandaloso caso de la periodista acusada de coaccionar con amenazas entre enero y febrero de 2013 al exconcejal y abogado Ángel Peña, para que renuncie y asumir ella en su puesto quedará judicialmente como si nada hubiera pasado. Esa consecuencia implica otorgarle la suspensión del juicio a prueba (probation) al imputado de un delito, siempre que no tenga condenas previas, que lo permita la escala penal del delito y que cumpla las condiciones impuestas por el tribunal, incluidas las tareas comunitarias a favor de una institución de bien público. Y eso fue lo que planteó ayer la periodista Alejandra Ruiz a través de su abogado defensor César Jofré.

Básicamente, ofreció $1.000 como reparación simbólica del daño y hacer trabajos comunitarios teniendo en cuenta su profesión y por el tiempo que lo estime el tribunal, en este caso el unipersonal José Atenágoras Vega (Sala II, Cámara Penal).

"Me opongo por el daño sufrido, además porque las amenazas fueron agravadas al ser anónimas y porque es irrisorio el monto que ofrece como reparación en comparación con el daño que se me produjo, como el incendio de mi casa (el 8 de febrero de 2013)", dijo el abogado Ángel Peña, quien dejó de militar en el PRO (facción del frente basualdista) y la política tras el atentado y las amenazas.

En el acto, el abogado Jofré aclaró que tanto su clienta como su hermano habían sido desligados del delito de incendio. Y reiteró que la reparación del daño es simbólica. "Es la mejor alternativa a la solución del proceso", dijo Jofré, en alusión a que si le otorga el beneficio a Ruiz, se extinguirá la acción penal. Al juicio llegó complicada por testigos y una pericia caligráfica en panfletos contra Peña.

Quien no tuvo reparos en acceder a la petición fue la fiscal Leticia Ferrón de Rago. Argumentó que por la escala penal del delito (de 2 a 4 años), la ausencia de condenas en la imputada y la jurisprudencia (citó un fallo de la Corte de Justicia) no tenía objeciones al planteo.

La oposición de la parte querellante (el abogado Peña) no es vinculante para el juez. Sí lo hubiera sido la oposición fundada de la fiscalía, pero como no existió todo indica que el magistrado accederá al pedido de probation.